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A pesar de los múltiples esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil, la propia ciudadanía y de algunas autoridades, el flagelo de la corrupción en México sigue tan vigente y sólido como antaño. Tal pareciera que lo que se intenta es ser, sino el primero, sí uno de los tres países más corruptos del mundo.
En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016, publicado anualmente por Transparencia Internacional, México se mantiene por debajo de sus principales socios y competidores económicos. 40 posiciones separan a México de China, India y Brasil, sus principales competidores económicos. Entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica en el último lugar.
Y es que tal parece que las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016.
Como se recordará en mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes del gobierno. Dentro de este sistema se encuentra la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, mejor conocida como “ley 3de3”.
La ley 3de3 surge de la iniciativa ciudadana liderada en su momento por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), la cual contó con el respaldo de más de 630 mil personas hartas de la corrupción en México, en ella se prevé regular la conducta de los servidores públicos y de particulares a través de reglas claras, obligaciones y sanciones por corrupción aplicables en todo el país.
En junio de 2016 el Pleno del Senado de la República aprobó con 80 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones las modificaciones propuestas por el Ejecutivo federal a diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que forman parte de la legislación reglamentaria para el combate a la corrupción.
En la “3de3” se establecen las bases para combatir la corrupción en el gobierno, “plantea mecanismos de control internos y externos de la administración pública, fija los límites de actuación de los funcionarios y las obligaciones y sanciones por actos u omisiones de servidores y particulares que incurran en faltas administrativas graves”.
En el artículo 29, la citada ley señala que “las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. La información contenida, así como los formatos, estarán en manos del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción”.
También la “3de3” señala a los sujetos obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses, “que incluye solo a servidores públicos y elimina a cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios”.
La ley “3de3” contempla un catálogo de 12 delitos, como tráfico de influencias, enriquecimiento oculto, abuso de funciones, soborno, colusión, uso de información falsa o confidencial, nepotismo, cohecho, peculado, desvío de recursos y obstrucción de la justicia.
A pesar de todo lo anterior aún hay autoridades que pretenden hacer creer a la opinión pública que la citada “ley 3de3” no es sino solo un asunto moral. Tal parece que se quedaron en el pasado inmediato cuando se invitaba a legisladores, gobernadores, así como aspirantes a cargos de elección popular a presentar de manera voluntaria su declaración “3de3”
Pero es un hecho que las autoridades de los tres niveles de gobierno, de acuerdo a Ley General de Responsabilidades Administrativas, tienen la obligación legal de presentar su declaración patrimonial, es decir ¿cuánto tienen? Su declaración de intereses, que no es otra cosa que su historial y red de contactos que tienen. A quién le compran a quién le venden; a quién le prestan a quién le deben. Así como su declaración fiscal para que la ciudadanía conozca su declaración anual y se sepa si pagan impuestos como cualquier otro ciudadano.
Gracias a más de 600 mil ciudadanos de todo el país que respaldamos la iniciativa “3de3” esta es hoy una realidad, sería un grave error que a pesar del esfuerzo hecho no se exigiera a las autoridades de los tres niveles y a quienes pretenden llegar a gobernar, presenten sus declaraciones. El flagelo de la corrupción no se acabará de la noche a la mañana, pero este es un paso que no se debe desperdiciar.
Recuerden que: “La corrupción de la política no tiene nada que ver con la moral, o la laxitud de la moral, de diversas personalidades políticas. Su causa es meramente material”. Emma Goldman.