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Una de las características de este gobierno es el ataque a las instituciones.
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Con el argumento de que son neoliberales (lo que el presidente entienda por esto), que son fuente de corrupción (en ningún caso se ha comprobado y menos aún penalizado a supuestos corruptos) o que gastan mucho, se ha dedicado a destruirlas.
Su último intento, ahora en pausa pero que el próximo año insistirá, es contra el Banco de México y su autonomía.
La semana pasada refiriéndose a la Cofece, el IFT, el INAI y la Consar, dijo que habría que hacer una revisión de estos organismos porque no cumplen ninguna función social y salió con la cantaleta de siempre: son organismos que han propiciado la corrupción y que de desaparecerlos se ahorrarían muchos recursos para canalizarlos a los pobres.
Esto reafirma dos cosas: primero, el presidente cree que la única función social del gobierno es realizar transferencias corrientes a los pobres; y segundo, su obsesión por el control político y de los recursos presupuestales.
Respecto de la Cofece y del IFT, hay que decir que tienen una función social de notoria importancia.
Su papel es promover que los mercados de bienes, servicios y factores de la producción operen en un entorno de competencia. Pocos fenómenos son más dañinos para las familias de menores ingresos que adquirir de monopolios los bienes y servicios que consumen. Existe amplia evidencia que las prácticas monopólicas dañan relativamente más a las familias más pobres y en las regiones más pobres del país.
Los políticos de izquierda normalmente se asumen como defensores de los pobres, de los desprotegidos, a favor de una mayor equidad e igualdad de oportunidades. Solo por esto es que un político de izquierda (como él dice ser) tiene que abrazar la libre competencia como su bandera.
En lugar de minar la autonomía de estos dos organismos autónomos del Estado mexicano, el presidente haría bien en fortalecerlos: los pobres se lo agradecerían.
El INAI también tiene una importante función social al tutelar dos derechos: el acceso a la información pública y la protección de datos personales; son 865 los sujetos obligados, incluido todo el sector público. El gobierno tiene la obligación de ser transparente en el manejo de los recursos públicos y es función que los recursos se asignen hacia aquellos rubros en donde el rendimiento social sea el mayor posible, que el gasto sea ejercido de manera eficiente y eficaz sin olvidar, por supuesto, que este sea ejercido de forma honesta y transparente.
El presidente ganó con una bandera: combatir la corrupción. Minar o inclusive desaparecer a este organismo sería traicionar esa bandera.
Por lo que toca a la Consar, el presidente la acusó de alcahueta al permitir que durante años se le permitiese a las Afores cobrar altas comisiones por los recursos que administran en las cuentas individuales de retiro. Su afirmación, además de imprecisa, deja ver que desconoce cuáles son las funciones de este regulador, las cuales van mucho más allá de solo determinar las comisiones. Entre estas funciones destacan asegurar la integridad de los recursos y que no se cometan fraudes en contra de los trabajadores, procurar la competencia entre las diferentes Afores y, de manera crucial, determinar aquellos instrumentos financieros, nacionales y extranjeros, que componen las carteras en las cuales se canalizan los recursos de los trabajadores con el objetivo de buscar el mayor rendimiento posible dado el riesgo que tiene cada uno de estos instrumentos.
Minar a este órgano regulador va en contra del interés de los propios trabajadores.
Tener estos organismos y garantizar su independencia es de interés nacional y deben ser protegidos y fortalecidos.
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Ataque a las instituciones /Isaac Katz, El Economista (México), Diciembre 21