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Papás de 43 Acusan a SEDENA a 28 Meses del Genocidio

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Reafirman en Tlaxcala Brega Contra ‘las Mentiras que EPN Dice al Mundo’
Critican Omisión del ex Gobernador en Desaparición de César Manuel González

“¡Porque vivos se los llevaron /vivos los queremos!”, volvió a gritar uno en la tierra del legendario Tlahuicole.

“Fue un crimen de Estado”, reafirmó otro.

“Hoy no podemos negar que fueron los militares; sabemos bien que el ejército participó el 26 de septiembre”, concluyo un tercero.

“¿Qué está pasando en México?”, se preguntó por los tres y a los presentes.

Volvieron a exigir micrófono en mano “que se castigue a los culpables”.

Los tres padres de estudiantes asesinados o desaparecidos aquel día funesto de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, se manifestaron la tarde de ayer en la ciudad de Tlaxcala, donde señalaron a la Secretaría de la Defensa (SEDENA) como responsable del genocidio.
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Otro padre de otro hijo desaparecido.

En alusión al estudiante huamantleco de 22 años César Manuel González, el indignado papá Mario César González Contreras ilustró la indiferencia del gobierno local ante la tragedia, al lamentar –en aparente alusión al ex gobernador priísta de Tlaxcala, Mariano González Zarur- que “ni siquiera envió una recomendación a la CNDH”.

Junto a una manta estampada con los rostros de los estudiantes desaparecidos por autoridades coligadas con criminales, los dolientes cuestionaron desde la explanada del zócalo de Tlaxcala el compromiso inicial del presidente Peña Nieto de “ir hasta donde tope” para dar con la verdad del horrendo crimen.

Recordaron que uniformados de al menos dos niveles de gobierno dispararon contra sus hijos inermes y los entregaron a un grupo de narcotraficantes, Guerreros Unidos, observaron y siguieron el operativo homicida.

En la tarde de antier, los tres papás de cuna humilde que de tanto contar su inútil búsqueda de justicia aprendieron a resumir el vacío de sus hijos ausentes en palabras conmovedoras, volvieron a gritarnos su dolor.
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Un padre más de un hijo desparecido más.

Volvieron a recordar en el zócalo de Tlaxcala la negativa presidencial –el presidente de México es comandante supremo de las fuerzas armadas- a que sean interrogados los soldados presentes en Iguala durante el ataque, so pretexto del “honor militar”; la presunta destrucción de los videos del C-4 de Iguala por la ex procuradora Gómez; el uso “meses después” del ataque, de los celulares de sus hijos por policías; y que las balas que ejecutaron in situ a seis personas “son de uso exclusivo de las fuerzas armadas” de México.

Como cereza de su letanía contra la no justicia, reprocharon con coraje mal contendido que el presidente nombrara, a pesar de su dudoso desempeño en la investigación del caso, a Gómez ministra de la Función Pública y a Tomás Zerón secretario técnico de SEDENA.

Los tres papás de desaparecidos: Bernardo Campos, Máximo Hernández y Mario César González cuestionaron en la plaza de Tlaxcala también el papel de cierta prensa paragubernamental e interpelaron la conciencia del escaso número de personas que se detuvo a escucharlos.

Al cabo del evento informaron que policías locales fotografiaron en Huamantla el autobús de la caravana, lo que dio pie a un incidente que esta vez no pasó a mayores.
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Julio César, aún sin justicia. (filosoficas.unam.mx)

BREGA POR LA VERDAD

El 26 de septiembre, mientras la esposa del alcalde perredista de Iguala escenificaba su destape para suceder en el cargo a José Luis Abarca, un grupo de jóvenes estudiantes de una escuela para hijos de familias pobres arribó a Iguala en camiones secuestrados, como cada año, para asistir a la conmemoración de otra masacre de estudiantes ejecutada impunemente por el ejército de México 46 años atrás, el 2 de octubre de 1968 en la CDMX.

Inesperadamente, los camiones fueron rodeados al entrar la noche por policías y narcotraficantes que dispararon asimismo el camión de un equipo juvenil de futbol, con saldo de 6 muertos entre estudiantes y víctimas colaterales. El cadáver de uno de los primeros, Julio César Mondragón, apareció con el rostro totalmente desollado once horas después de recogerlo una patrulla de policía. El macabro testimonio de la sicótica agresión coligada de delincuentes y fuerzas armadas contra los normalistas, fue atribuido por la Procuraduría de México a “la acción de fauna nociva”.

Si bien el actual gobierno federal se negó a atraer el caso en los días inmediatamente posteriores a la tragedia, alegando que era un problema del gobierno de Guerrero (también en manos del PRD), finalmente hubo de admitir información clave que durante semanas y meses mantuvo oculta ante la opinión pública. En particular, la participación de soldados al menos como observadores pasivos del ataque; y, el secuestro sin saberlo los estudiantes, de un autobús cargado con opiáceos propiedad del grupo narcocriminal.

El miércoles tres papás de estudiantes capturados vivos y desaparecidos por los agresores, rememoraron en el zócalo de Tlaxcala las incongruencias de la investigación gubernamenta, iniciada por el entonces procurador Jesús Murillo Káram, continuada por su sucesora Arely Gómez y conducida desde el pasado octubre por Francisco Cervantes Andrade, tercer titular de la PGR desde 2014.

Denunciaron que en su brega por la verdad han sido revictimizados mediante una campaña de burlas por el diario Milenio. La última del rotativo, según contaron, fue informar a los lectores que los padres fueron hospedados en un “hotel de lujo”, en la ciudad de Oaxaca.

Repasaron, incansables, que la versión inicial del gobierno de México (bautizada “verdad histórica” por Murillo) fue desmontada al paso de los meses subsiguientes por investigadores independientes cuyas conclusiones hallaron eco en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), lo mismo que entre académicos nacionales y extranjeros.

De hecho, la revista científica “Science” suscribió en base a una investigación propia, una conclusión previa que niega la versión oficial: la imposibilidad técnica de incinerar 43 cuerpos en el basurero de Cocula.

A resultas de la deshilachada, opaca e inverosímil indagación sobre el caso, connacionales han espetado el epíteto “asesino” al presidente Peña Nieto durante sus giras por Europa y Norteamérica, al igual que en ciudades de todo México.

LETANÍAS CONTRA INJUSTICIAS

Volvieron a gritar, esta semana en Tlaxcala, que en pleno México del siglo xxi “nadie está exento de vivir el infierno que hemos vivido”.

Arguyeron al cielo de Tlaxcala que “este crimen no puede quedar en la impunidad”.

“Si nos callamos, otras familias mexicanas probablemente pagarán las consecuencias”, advirtió uno.

“Enrique Peña Nieto está decidido a no decirnos la verdad, ha buscado mil formas de callarnos”, agregó otro.

“Siempre la estrategia de nuestro gobierno ha sido que a la gente se le olvide”, dio fe el tercero.

“Ya no podemos seguir luchando aislados cada uno en sus sistema”, urgió de vuelta el primero.

“La gente sigue pensando que no pasa nada porque no les ha pasado a ella y que lo que dice la televisión es la verdad”, prosiguió el segundo.

“Muchas personas se burlan, dicen que somos vándalos. Pero a 28 meses de que se llevaron a nuestros hijos, vamos a seguir luchando para que no se vuelva a repetir y para que no haya madres y padres buscándolos como hacemos nosotros”, culminó el rosario de letanías, con un nudo en la garganta, Máximo.

COLOFÓN

Los papás de los desaparecidos han recorrido todo México, partes de Norteamérica y Europa, en busca de la justicia negada por los gobernantes de México.

En Tlaxcala volvieron a comprometerse, el pasado miércoles, a no darse jamás por vencidos.

“¿Estarán siendo torturados o en qué estado los tienen?”, escuchamos mientras nos alejamos.

“¿Han pensado que a sus hijos se los llevaran como a los nuestros, para desaparecerlos?” –arrastra hasta nuestros oídos el eco final de la enésima protesta.

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