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México: Vivir en Vitrina

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Jorge Zepeda Patterson /ElPais.com (España), 21 Jun

Lo sorprendente no es que se espíe a periodistas, activistas, miembros de la oposición, políticos y empresarios. Buena parte de los escándalos de los últimos años tienen que ver con grabaciones clandestinas que salen a la luz sin procedencia clara, pero frecuencia alarmante. Desde aquellas entre el “gober precioso” Mario Marín y Kamel Nacif para escarmentar a Lydia Cacho, hasta la pesadilla que significó para la constructora española OHL la difusión de conversaciones telefónicas de algunos de sus altos funcionarios en México. Pasando por un largo etcétera que incluye a Josefina Vázquez Mota durante la campaña presidencial de 2012; Lorenzo Córdova, el presidente del instituto electoral, en una referencia despectiva a pueblos indígenas; el conductor Pedro Ferriz en un asunto de faldas; Purificación Carpinteyro, como diputada del PRD, haciendo propuestas de negocios a un exfuncionario de Telefónica.

Hace 19 años, cuando yo era director de un diario en Guadalajara, el reportero que cubría la fuente policiaca me mostró un casete con grabaciones de mis llamadas telefónicas de las últimas semanas. Se lo había pasado una mano anónima de la Procuraduría del Estado de Jalisco.

Los que participamos de una u otra manera en la vida pública damos por sentado que estamos sujetos a la madeja de espionaje que unos y otros han montado para enterarse de lo que hacen aliados y enemigos.

Peor aún, sabemos que todo lo que allí se documenta tiene también el propósito potencial de lastimar y descalificar cuando así se considere oportuno. El presunto insulto de Lorenzo Córdova a los indígenas surgió de una frase sacada de contexto en una llamada privada, pero una vez que circula en redes sociales no hay contención de daños que valga.

Así pues, lo sorprendente no es que el New York Times publique un reportaje resultado de la investigación de Citizen Lab de la Universidad de Toronto (con la ayuda de organizaciones civiles que operan en México) sobre la utilización de Pegasus, un software israelí, para espiar a una docena de periodistas. Un carísimo y sofisticado programa vendido por los israelíes a Gobiernos con la condición expresa de ser empleado solo en contra de criminales y terroristas; un software que la actual Administración compró en varios millones de dólares (15 documentados, 80 podría ser la suma a lo largo de varios años).

Lo nuevo es que por vez primera se tiene un hilo conductor para investigar la procedencia de este enorme universo clandestino de escuchas ilegales. Dentro del Gobierno existiría la documentación del pago de esta compra, un rastro de las oficinas y funcionarios que en concreto que recibieron los equipos y programas vinculados a Pegasus, los cursos y talleres de capacitación correspondientes. Hasta ahora está documentado que cuatro instituciones recibieron la herramienta: la PGR, el Cisen y las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional.

La publicación del diario neoyorquino deja en claro que el programa israelí fue encontrado en los teléfonos de los periodistas y activistas mencionados (Carmen Aristegui, Mario Patrón, Juan Pardinas, entre otros), unir las dos puntas de la madeja no requeriría de un Sherlock Holmes.

Pero requeriría de un mínimo de dignidad. La oficina de la presidencia envío una carta al New York Times en la que sostiene que el Gobierno mexicano no espía periodistas y sugiere a los afectados poner una denuncia ante las autoridades correspondientes.

Como estrategia de control de daños, fue una respuesta desafortunada, por decir lo menos. Ni siquiera se hizo el intento de proferir un tibio “vamos a investigar”, como en el caso de los asesinatos de periodistas, si Pegasus en efecto está sembrado en los aparatos de estas personas y si ese programa solo ha sido vendido en México al Gobierno.

La responsabilidad de certificar estos hechos y luego actuar en consecuencia es obvia.

Horas después nos enteramos que los datos correspondientes a la compra de software de espionaje había sido clasificada por las autoridades para no ser develada hasta dentro de cinco años.

Al buen entendedor.

 

 

Link  http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/22/mexico/1498087081_641227.html

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