Caso Ayotzinapa: Por Tortura, Dictan Prisión a Marino y Ministeriales

Por el delito de tortura, un juez federal dictó hoy auto de formal prisión al marino Ariel Agustín Castillo Reyes y los policías ministeriales Ezequiel Peña Cerda e Isidro Junco Barajas, éste último exdirector de Asuntos Especiales de la Policía ministerial de la extinta PGR durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El marino y el agente Peña fueron imputados además de abuso de autoridad y actos contra la administración de justicia.

Los ahora reos fueron detenidos la semana pasada en la Ciudad de México por agentes de la Fiscalía General de Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la investigación sobre el ataque en Iguala y posterior “desaparición” de 43 estudiantes de la normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

La FGR les acusa de haber torturado a Carlos Canto Salgado al fin de que declarara presuntas versiones prefabricadas en torno al caso. Los acusados fueron puestos a disposición de un juez federal asentado en Iguala, mismo que giró la orden de aprehensión.

Por estos hechos están siendo buscados además Tomás Zerón Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Carlos Gómez Arrieta, extitular de la Policía Federal Ministerial. Ambos estuvieron bajo las órdenes de Jesús Murillo Karam, exgobernador de Hidalgo y a la sazón procurador de la república.

A solicitud del actual gobierno de México, Interpol emitió hace una semana fichas de búsqueda internacional contra Zerón y Gómez, que siguen prófugos. Tras quedar separado de la PGR y del caso Ayotzinapa, Zerón fue acogido temporalmente en SEDENA por su entonces titular, general Salvador Cienfuegos Zepeda.

Zerón armó la llamada “versión histórica” del caso, formulada con esas palabras por Murillo y consistente en que los desaparecidos habrían sido incinerados (algunos vivos) en un basurero de Cocula por sicarios a los que la policía entregó los muchachos. Hasta hace unos meses, Tomás Zerón de Lucio contó con un costoso aparato de protección que incluye a 24 escoltas y ocho autos, cuatro de éstos blindados, protección que fue impugnada por el gobierno de López Obrador en septiembre de 2019.

ANTECEDENTES

El portal Sin Embargo reportó en 2019 que Murillo Karam, Zerón de Lucio y José Aarón Pérez Carro “le costaron a los mexicanos 14 millones 856 mil 606 pesos por una labor que duró poco más de un año y cuya marca fue la fabricación de hechos, una versión desmentida con facilidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

“Esa es la cifra que el Gobierno de Enrique Peña Nieto les pagó mientras ocuparon sus puestos que eran clave para atraer las primeras indagatorias de la desaparición de los 43 normalistas rurales en una carretera de Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014. De ellos, Murillo Karam y Zerón de Lucio fueron parte original del equipo encargado de lograr justicia en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras que Pérez Carro fue nombrado ex professo para los trabajos”.

Aunque una excolaboradora suya de nombre Judith Aracely fue vinculada a proceso el pasado mes de febrero por la adquisición fraudulenta de un avión para uso personal del procurador de Peña Nieto, Murillo Karam no ha sido acusado hasta ahora por el asunto Ayotzinapa.

“Estoy en la mejor disposición, estoy aquí a la hora que gusten, a mí nadie me ha buscado, nadie me ha llamado y estoy a sus órdenes para que esta investigación se haga correcta y debidamente”, ofreció Murillo en septiembre pasado cuando Alejandro Encinas, subsecretario de DH de la SEGOB federal, anunció la apertura de un expediente en contra suya.

Cuando ese mismo mes el gobierno de México reinició la investigación del caso, Pérez Carro –actual secretario de Gobierno de Tlaxcala- se manifestó dispuesto a coadyuvar en la indagación y declaró que no renunciaría tras que el presidente local del PRD, Manuel Cambrón Soria, exigiera su salida.

El caso Ayotzinapa es tal vez la principal mácula del sexenio de Peña Nieto, cuya popularidad cayó en picada a raíz del incidente en las calles de Iguala que costó la vida asimismo a varios niños de un equipo de futbol. Se ha probado que en el ataque participaron policías de Guerrero coludidos con sicarios de traficantes de opio, estos enojados porque uno de los autobuses secuestrados por los estudiantes estaba cargado de opio.

En Iguala también participaron militares de SEDENA, en calidad de vigilantes del desplazamiento de los camiones incautados para asistir como cada año a una manifestación en la capital del país que rememora la masacre de Tlatelolco de 1968. Los padres de los desaparecidos han dicho que los militares sí participaron en el atentado de Iguala, pero el jefe del batallón acantonado en Guerrero sostuvo en su momento que no habrían intervenido porque el incidente escapaba a su jurisdicción.

Con información de El Universal, Reforma, Milenio, Sin Embargo, El Sol de Tlaxcala y Sopitas.com