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Stephen J. Adler /The New York Times (E.U.), 16 Sep
Traducción, subtítulos y notas al artículo editorial publicado el 16 de septiembre por NYT en su portal digital, con el título Myanmar´s Assault on a Truthful Press, por X. Quiñones para Código Tlaxcala.
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En Myanmar 1, como en todas partes, los hechos tienen poder. Fueron los horripilantes hechos descubiertos por dos de nuestros reporteros de Reuters, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, los que llevaron a que les enmarcaran, arrestaran, juzgaran y dictaran este mes una sentencia draconiana de siete años de prisión.
La semana pasada, la mandataria civil de Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi 2, ignoró resueltamente los hechos y defendió vigorosamente las injustas condenas.
Con la Asamblea General de las Naciones Unidas reuniéndose pronto, es hora de utilizar los hechos para garantizar la libertad de nuestros periodistas.
Aquí están los hechos:
Los Rohingya 3 son una minoría musulmana asentada en el estado de Rakhine, en el oeste de Myanmar, un país de mayoría budista. El año pasado, una ofensiva militar envió a más de 700,000 rohingya a refugiarse en campos de refugiados en Bangladesh. Las Naciones Unidas acusaron al gobierno de Myanmar de limpieza étnica; Myanmar dice que sus operaciones en Rakhine fueron en respuesta a los ataques a sus fuerzas de seguridad por parte de insurgentes Rohingya.
En diciembre pasado, Wa Lone y Kyaw Soe Oo estaban investigando el papel del ejército y la policía en la muerte de 10 hombres y niños rohingya en una aldea de Rakhine; un anciano del pueblo les había dado a nuestros reporteros fotografías que documentaban el asesinato masivo. Una mostraba a 10 hombres y niños arrodillados en un campo; otro los mostró en una fosa común, acuchillados y asesinados a tiros. Decenas de personas que estuvieron cerca de los asesinatos describieron lo sucedido, así como la quema y el saqueo de casas Rohingya por parte de las fuerzas de seguridad.
Siendo reporteros expertos, Wa Lone y Kyaw Soe Oo entrevistaron a todos los que pudieron: no solo a musulmanes que huían sino también a budistas, la policía y otras fuerzas de seguridad. La impactante evidencia que encontraron fue indiscutible.
Esta es la virtud del periodismo sobre terreno practicado por periodistas que hablan el idioma local, siguen reglas estrictas de independencia y objetividad, y conocen sus ritmos. Este tipo de informe, que es el núcleo del trabajo de Reuters en los 166 países en los que operamos, puede proporcionar pruebas de los hechos en formas que los opinantes expertos o las fuentes de segunda mano simplemente no pueden. De hecho, las autoridades de Myanmar se vieron obligadas a admitir que la masacre había ocurrido, incluso cuando procesaron a nuestros periodistas por descubrirla.
EL CASO JUDICIAL
Su arresto fue una configuración obvia, con el objetivo de desenmascarar a las fuentes de Reuters y disuadirnos de publicar el relato de la masacre.
La intimidación fue severa: los reporteros fueron encapuchados y llevados a un centro secreto de interrogatorios, donde los mantuvieron esposados, interrogados continuamente y amenazados, y se les negó el sueño. Los oficiales obligaron a Kyaw Soe Oo a arrodillarse durante horas cuando encontraron las fotografías de los asesinatos en su teléfono. Pasaron dos semanas antes de que sus familias, abogados o nosotros en Reuters supiéramos dónde estaban. Una vez que nos contactamos con ellos y completamos su informe, publicamos la historia explosiva, con el apoyo total de los periodistas.
Durante ocho meses, con nuestros periodistas aún tras las rejas, un tribunal de Yangon se enteró durante el juicio de lo ocurrido. El oficial que los arrestó testificó haber quemado los archivos de los reporteros. Otro testigo leyó notas que había garabateado en su mano para que pudiera, según admitió, recordar cómo debía testificar. Luego vino el inesperado y heroico momento en que un oficial de policía testificó que un general de brigada había ordenado a un oficial inferior que plantara papeles en Wa Lone y lo arrestara.
A pesar de ese testimonio, la acusación continuó. El oficial que se sinceró fue arrestado y sentenciado a un año de prisión.
REACCIONES INTERNACIONALES
Los observadores internacionales han visto el absurdo juicio como lo que fue: un intento de castigar a nuestros periodistas y disuadir a otros reporteros de cubrir eventos en el estado de Rakhine.
Diplomáticos de muchas naciones, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Noruega y Australia, se han pronunciado en contra de la falta de garantías procesales y de estado de derecho, así como la represión a la prensa libre en un país al que se ha prometido democracia.
Pero hasta ahora, la indignación mundial no ha cambiado nada.
La Sra. Aung San Suu Kyi afirmó que el juicio no tenía nada que ver con la libertad de prensa y que las condenas eran legítimas según la Ley de Secretos Oficiales, una ley de la época colonial que prohíbe la recolección de documentos secretos para ayudar a un enemigo.
La evidencia abrumadora es, más bien, que la policía plantó los documentos en cuestión sobre nuestros periodistas, cuya única intención era informar con sinceridad.
PERIODISMO Y DEMOCRACIA
¿Y ahora qué?
Con las naciones del mundo preparándose para la apertura esta semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es hora de reafirmar no solo los hechos de este caso, sino también el valor de los hechos mismos: declarar nuestra certeza de que algunas cosas son ciertas y otras no.
Debemos rechazar la idea cínica y peligrosa de que todos tienen derecho a sus propios hechos. Podemos ver a dónde nos ha llevado esto en Myanmar y en otros lugares. Y debemos reafirmar el papel esencial de una prensa libre para descubrir hechos.
Los periodistas, al ser personas, son imperfectos. Pero el periodismo, hecho bien, tiene un alto propósito público. Produce transparencia en los mercados, responsabiliza a los gobiernos y las empresas, brinda a las personas herramientas para tomar decisiones bien informadas, descubre las irregularidades, inspira reformas y cuenta historias reales y notables que conmueven e inspiran.
Las Naciones Unidas deben insistir en que la supresión de la libertad de prensa contradice la naturaleza misma de la democracia y no puede tolerarse. Y otras instituciones multinacionales, junto con los gobiernos, deberían dejar en claro a los líderes de Myanmar que Wa Lone y Kyaw Soe Oo deben ser liberados.
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*Stephen J. Adler es presidente y editor en jefe de Reuters.
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NOTAS
1 Tras su independencia del Reino Unido en 1948, Myanmar o Birmania, una nación de 54 millones de habitantes ubicada en el sudeste asiático que colinda con India, China, Tailandia, Laos, Blangladés y Andamán, cayó en manos de rebeldes comunistas al mando de U Un. Éste fue derrocado en 1962 por una dictadura militar de corte socialista que se mantuvo en el poder hasta 2011 con respaldo de China, entre reiteradas protestas pro democracia protagonizadas por separado por monjes budistas y grupos musulmanes. A la fecha, Birmania escenifica una convulsa transición del totalitarismo marcada por continuos conflictos étnicos y religiosos, mientras persiste un riguroso control sobre la información de lo que ocurre al interior del país, apenas roto merced al internet. Tres indicios bosquejan un magro respeto a los derechos universales del hombre y el peso del autoritarismo y los usos y costumbres: la prohibición de tomar fotografías de las operaciones de las fuerzas armadas; la persistencia de una declaratoria militar que convirtió a los musulmanes -asentados en el país desde hace más de mil años-, como migrantes ilegales; y, la imposibilidad de Daw Aung San Suu Kyi, ganadora de la elección de 2015, de aparecer como presidenta (ostenta el cargo de consejera del presidente formal Win Myint) dada su condición de viuda y por poseer doble nacionalidad.
2 Daw Aung San Suu Kyi, hija de un militar negociador de la independencia de Birmania asesinado en el marco de las negociaciones, estudió en Gran Bretaña y tras volver a su país natal para atender a su madre convaleciente, quedó involucrada en la promoción de la democracia. Permaneció bajo arresto domiciliario unos 15 años, entre 1989 y 2010, siendo apoyada en ese trance por organizaciones como Artículo 19, Freedom Now, IDEA Internacional, Centro de Acción de Derechos Humanos, Equality Now y The Elders, mientras recibió reconocimientos académicos y grados honorarios de universidades de Corea del Sur, Australia, India, Gran Bretaña, Sudáfrica, Italia y Estados Unidos. Cuando se hallaba detenida se le concedieron el Nobel de la Paz (1991, cuyo discurso de aceptación pudo entregar al Comité de Oslo hasta junio de 2012) y la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos (2008, recibida hasta septiembre de 2012). En mayo de 2012 le fue otorgado además el Premio Václav Havel.
Al describir la transición política de su país, Suu Kyi dijo a AFP en octubre de 2012: “Tenemos muchas, muchas lecciones que aprender de diferentes lugares, no solo a los países asiáticos como Corea del Sur, Taiwán, Mongolia e Indonesia, Los países del este de Europa realizaron una transición de la autocracia comunista a la democracia en los años 1980 y 1990, y los países de América Latina hicieron una transición de sus gobiernos militares. Y no se puede olvidar, por supuesto, a África del Sur, ya que aunque que no era un régimen militar, fue sin duda un régimen autoritario. Deseamos aprender de todos los países que han logrado una transición a la democracia. Nuestro punto fuerte es que debido a que estamos muy por detrás de todos los demás, también podemos saber qué errores hay que evitar”. (Fuente: Wikipedia)
3 Los ruangás (rui hang gya, en birmano) o rohingason (en inglés) es un grupo étnico nativo asentado en el territorio de Birmania desde cuando la nación era una con Bangladés, el cual se concentra hoy en dos municipios de Rakáin, estado donde vive aproximadamente un millón de personas mayoritariamente budistas o cristianas (89% del país practica el budismo, 4% el cristianismo, 4% el islam, 2% variadas creencias chinas e hindúes y 1% el animismo). Los rohinyá son un grupo étnico no reconocido (hay 135 etnias oficiales), y desde 1982 se les ha negado la ciudadanía en Myanmar porque el gobierno los considera inmigrantes bengalíes y no birmanos. Están obligados a vivir dentro de Rakáin, una de las regiones más pobres del país. Tras eventos de violencia y persecución política que se agudizaron desde el 2012, cientos de miles de rohinyá han decidido escapar por tierra o bote. Entre numerosas persecuciones, el régimen socialista de Ne Win implementó hacia 1978 la Operación Rey Dragón con el fin de censar la población del norte de Arakán y expulsar a los extranjeros rohinyá, a resultas de lo cual entre 200 mil y 250 mil fueron desalojados violentamente provocando una crisis humanitaria en Bangladés (tras un acuerdo fueron repatriados 180 mil).
Desde 1971 surgieron varias organizaciones civiles y armadas que luchan por la causa rohinyá, como son la RSO (Rohingya Solidarity Organization), el ARIF (Arakan Rohingya Islamic Front) y el RPF (Rohingya Patriotic Front). En 1998, remanentes del RSO y el ARIF formaron el ARNO (Arakan Rohingya National Organization) y el RNA (Rohingya National Army); y ese mismo año se fundó el RNC (Rohingya National Council). Luego de la disolución de la junta militar en 2011, en 2013, y como respuesta a la nueva ola de violencia comunal que se desató entre budistas (arakaneses) y musulmanes (rohinyá, chittagones) en el norte de Rakáin, se formó el ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) que desde 2016 opera como organización paramilitar. Más recientemente, ya bajo el mandato de Win Myint y Suu Kyi, en 2017 el ejército birmano inició una operación calificada por la ONU de “limpieza étnica” mediante la cual los rohinyás fueron expulsados de sus casas y quemadas sus pertenencias y tierras. Unos 700 mil sobrevivientes huyeron de nuevo a Bangladesh hasta principios de 2018. Human Rights Watch ha denunciado que los militares birmanos destruyeron 55 aldeas rohinyás, en tanto que el ejército se justificó aduciendo que respondió a actos violentos del ARSA. (Fuente: Wikipedia)