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¿15 Años? Transporte Público

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El PRD propuso en el Congreso local ampliar a 15 años la antigüedad de las unidades vehiculares destinadas al transporte urbano de pasajeros.

Sería interesante ver al PRD en la ciudad de México, promoviendo ampliar cinco años más, la antigüedad de los vehículos destinados al transporte público de pasajeros. Imposible, ¿verdad?

Simplistamente pudiéramos cuestionar la propuesta del líder de la bancada perredista, diciendo que eso pide el diputado, al cabo que él nunca se subirá a una unidad de transporte colectivo.

Sin embargo, si sabe de lo que habla, en tanto en su zona de influencia, el sur de la entidad, circulan mototaxis que seguramente tienen 15 años o más y andan rodando.

El diputado pierde de vista que Tlaxcala forma parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis y participa de sus acuerdos y acciones conjuntas para enfrentar la polución que tantos estragos causa a los habitantes de la capital del país y su zona conurbada.

En Tlaxcala, desde 1763 se han tomado medidas en contra de la suciedad y la contaminación en nuestra todavía bella Tlaxcala, luego entonces, Tlaxcala no puede ni debe dar pasos atrás en materia de sustentabilidad. El transporte urbano de pasajeros, con poblaciones bajas y medias como es el caso del estado de Tlaxcala, tiene que ser brindado con microbuses y trenes ligeros. En entidades y ciudades con poblaciones altas, en autobuses, metrobuses y tren rápido, estimulando fiscalmente el uso de combustibles no fósiles.

Así como estimular el transporte personal no motorizado, estableciendo vías de fácil acceso y seguras para la integridad física de las personas.

Si Tlaxcala no empieza desde ahora a ordenar su crecimiento urbano, a disponer legalmente la obligación de prestar el servicio de transporte público con unidades más grandes, recientes y no organiza su circulación con criterios de eficiencia y rapidez, pronto estaremos sufriendo las consecuencias de no habernos prevenido.

El transporte público de pasajeros en Tlaxcala, tanto el federal como el local, está altamente concentrado, por lo tanto no hay competencia y si no hay competencia, el resultado es que tenemos un servicio de transporte, además de caro, sin calidad.

En el documento titulado “Miscelánea de obstáculos regulatorios a la competencia: análisis de la normativa estatal”, de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), se destaca que en Tlaxcala hay “cinco obstáculos que limitan la concurrencia y la competencia… como son los criterios de preferencia para el otorgamiento de concesiones o permisos a favor de locales; cesión de los derechos establecidos en la concesión por invalidez o fallecimiento a favor de los beneficiarios elegidos o familiares del concesionario; regulación de tarifas… sin la consideración de la elaboración de un estudio de factibilidad para la necesidad de otorgar un mayor número de concesiones, o se incluye a las asociaciones de transportistas en su proceso de elaboración” (La Jornada de Oriente Tlaxcala, 10.10.2016)

Tal situación explica porque en Tlaxcala unos cuantos, pocos, muy pocos, concentran en sus manos el mayor volumen de concesiones del transporte público de pasajeros en el Estado de Tlaxcala, con el resultado que vemos: tarifas altas y sin calidad. En tanto no se cambien dichas disposiciones en las leyes y reglamentos vigentes en Tlaxcala, seguiremos teniendo un transporte de pasajeros pésimo, caro y no público, porque es de unos cuantos.

Tlaxcala requiere con urgencia liberar el transporte público de pasajeros, limitar el número de concesiones por familia, limitar el número de concesiones por agrupación o empresa en cada ruta de servicio, para abrir la competencia entre agrupaciones o empresas en cada ruta y claro, favorecer la introducción y el emplacamiento de microbuses, por encima de combis.

Mientras ello no ocurra, sería deseable que se haga efectiva la obligación de que deben prestar el servicio con unidades de transporte no mayores a diez años de antigüedad, para ir sacando del servicio verdaderas chatarras que todavía transportan pasajeros en condiciones de incomodidad propias del siglo pasado. Aquí es donde el Congreso del Estado y el Ejecutivo deben apresurar las precisiones legales correspondientes que hagan efectiva esta obligación, por encima de cualquier artificio legal usado por permisionarios que pretenden seguir “ordeñando” sus unidades aunque den el servicio en condiciones deplorables, al fin que ellos no las usan para trasladarse.

Y en tanto no haya competencia, tendrá que seguir vigente una tarifa oficial del costo del pasaje. Ojalá pronto tengamos un transporte verdaderamente público, competitivo, económico y de calidad. La clave es que haya competencia entre los transportista.

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