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Renuncia ‘Juezporky’ que lo Amparó, a Caso del ‘Porkyjunior’ Diego
Anuar González Evitó que Pederasta Tumultuario Pise Cárcel; la Gente se le Echó Encima en Redes
Gordo Cirrículum de Juez 3o de Veracruz Presume Cursos de Género de Consejo de Judicatura, Claustro sor Juana e Inmujeres
Anuar González Hemadi, el juez de distrito que amparó al “porkijunior” Diego Gabriel Cruz Alonso e impidió que el violador tumultuario de la menor veracruzana Daphne Fernández pisara la cárcel, renunció al caso tras que usuarios indignados le bautizaron en redes sociales con el mote “Juezporki” y difundieron imágenes donde se le ve con su esposa e hijas.
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“Lo anterior en virtud de que a partir del dictado de la sentencia en el juicio de amparo 159/2017, y de la publicación de la nota periodística, se ha venido en contra de mi función (sic) diversos ataques por parte de los medios masivos de comunicación, sobre todo en redes donde se ha hecho alusión a mi persona como (sic) el sobrenombre del juezporky”, justificó el juez federal ante el juzgado al que se halla adscrito.
El juez González Hemadi alega en el documento emitido la tarde de ayer, que los medios y las redes mexicanas “han hecho una exposición masiva no sólo de mi persona, sino también hacia mi esposa e hijas, lo cual va más allá de lo estrictamente profesional”.
Los usuarios y periodistas enojados con el nuevo caso de distorsión de la legalidad en un país donde los delincuentes gozan de una impunidad superior a 90%, recordaron que González Hamadi se tituló con una tesis profesional que aborda el tema de abusos contra menores de edad, titulada “Actos Perjudiciales: Propuesta para la Regulación del Depósito y Guarda de Menores en el Código de Procedimientos Civiles en Veracruz”.
Asimismo han llamado la atención hacia la trayectoria del juzgador, cuyo currículum incluye entre otros méritos certificaciones relativas precisamente a estudios de género. En efecto, el juez tercero de Veracruz –actualmente suspendido- presume certificados de cursos como “Equidad de Género y Asuntos Internacionales”, impartido por el Consejo de la Judicatura Federal; “Historia y género”, por la Universidad del Claustro de Sor Juana y el mismo Consejo de la Judicatura; así como un “Curso Básico de Género” y uno más de “Discriminación por Género en las Organizaciones Laborales” impartidos por el gubernamental Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
González amparó a Diego Cruz el pasado 28 de marzo; mas un tribunal colegiado deberá ratificar o no la exoneración en un lapso de noventa días, mismo que vencerá a finales de junio.
Según el portal diario.mx, González fue suspendido a raíz de las críticas por la concesión de dicho amparo, aunque en las noticias fragmentarias disponibles en Internet no hay información exhaustiva al respecto.
El increíble caso de impunidad institucional –hasta ahora acotada parcialmente gracias a la presión de las redes sociales y una parte de la prensa- sigue dando la vuelta al mundo.
“Los usuarios no daban crédito a la resolución del personaje al que apodaron ‘Juez Porky’ y comenzaron los ataques en su contra. Pero ahora resulta que el juez que se embarró en el chiquero de los Porkys, Anuar González Hemadi, ya se quiere lavar las manos. Cruz le debe su libertad al juez González Hemadi, quien consideró que aunque Cruz ‘le tocó los senos (a Daphne), le metían sus manos debajo de la falda y le introdujo sus dedos por debajo del calzón y en la vagina’, no tenía una mala intención. ¿Es en serio?” -cuestionó ayer la periodista mexicana Zaira Dámaso.
El caso data del 2 de enero de 2015, cuando Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta, hijos de un político y poderosos empresarios ligados al PRI y el entonces gobernador Javier Duarte, raptaron a la menor Daphne.
El primero es hijo de Felipe Capitaine, ex alcalde de Nautla; y los demás lo son de los empresarios Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta.
Según la víctima, a la salida de una discoteque fue subida a un coche que conducía Gerardo Rodríguez –exonerado por un juez con el argumento de que fue “mero testigo” de los hechos-, manoseada en el asiento trasero por Cotaita y Cruz, y finalmente violada por Capitaine en la residencia de su propia familia, en el exclusivo fraccionamiento de Boca del Río.
La parte acusadora se basa en el Código Penal de Veracruz, cuyo artículo 182 castiga en estos términos el delito de pederastia: “A quien, con consentimiento o sin él, introduzca por la vía vaginal, anal u oral el órgano sexual o cualquier otra parte del cuerpo distinta al pene o cualquier artefacto en el cuerpo de una persona menor de dieciocho años, se le impondrán de seis a treinta años de prisión y multa de hasta tres mil días de salario”.
El código de marras precisa penas de 5 a 10 años de prisión y de hasta 250 días de salario “a quien, sin llegar a la cópula o a la introducción vaginal, anal u oral, abuse sexualmente de un menor, agraviando su integridad física o moral, en actos públicos o privados, aprovechándose de la ignorancia, indefensión o extrema necesidad económica o alimentaria, o de su estatus de autoridad respecto de la víctima”.
CUESTIONAMIENTO A FAMILIAS
Desesperado por la emblemática injusticia que prevalece en Veracruz y todo México, el padre de la menor, Arturo Fernández Torres distribuyó en Internet en marzo de 2016 una carta que se viralizó, en la que lamentaba que los abusadores tumultuarios de su hija siguieran en libertad y cuestionaba a las familias de los “Porkyjuniors”.
“Esta carta la dirijo, a pesar de mi inmensa pena y dolor, a la opinión pública para enterar lo que han hecho las familias de los involucrados que, a pesar de saber lo que sucedió, a pesar de haber hablado conmigo, de haberse consternado por la tragedia, de haber reconocido los hechos, de haber filmado videos donde sus hijos se disculpan con mi hija por el gran daño que le hicieron, a pesar de todo esto, se han encargado de atacar, difamar y calumniar inmisericorde e inmoralmente a la víctima, con tal de evitar que sus hijos asuman su responsabilidad por el delito que cometieron”.
Añadió el señor Fernández, dirigiéndose a las familias de los abusadores mayores de edad: “¿Cómo es posible que cambien las versiones y ahora resulta que la víctima es la culpable? ¿Cómo se les ocurre engañar a sus propios familiares, amigos e incluso a las autoridades diciéndoles cosas tan inverosímiles como que les pedí dinero? ¿Que los quiero extorsionar? ¿Que los amenacé? ¿Qué cuando filmé los videos donde se disculpan estaba yo armado? ¿Cómo se les ocurre difamar a una menor de edad? ¿Acaso no han pensado en que todos ustedes tienen hijas? ¿No han pensado en que cada palabra que dicen se les revertirá una vez que salga la verdad a la luz? ¿No han reflexionado en las consecuencias de sus actos? ¿Cuál será el siguiente delito de ustedes o de sus hijos? ¿O como en esta ocasión, en complicidad con ellos? ¿Hasta dónde podrían escalar cometiendo delitos impunemente? ¿Cómo se pueden ver entre ustedes a los ojos sabiendo toda la maraña de mentiras que han inventado y que están afectando a una joven inocente? ¿Cómo pueden ver y ‘educar’ a sus otros hijos no involucrados?”.
En respuesta, los abogados de los “Porkys de Costa de Oro” –como los bautizó en su momento la prensa mexicana por provenir de familias adineradas y con influencias políticas, y en alusión al exclusivo fraccionamiento donde viven- publicaron en el portal veracruzano Notiver la versión de los agresores, aunque sin aclarar por qué habían aceptado grabar un video en el que piden disculpas a Daphne.
Ante esta evidencia específica de culpabilidad obtenida por el señor Fernández, los abogados de los agresores atinaron a replicar que solicitaron disculpas a la víctima “bajo amenazas del padre de Daphne y el arquitecto Ricardo Fernández Rivero”.
EXONERACIÓN, FUGAS, CAPTURAS
Los tres “Porkis de Costa de Oro” fueron acusados de pederastia agravada; declararon juntos ante la justicia veracruzana en septiembre de 2015 y luego se dieron a la fuga. En abril de 2016, la INTERPOL emitió fichas rojas de búsqueda y captura.
Capitaine Marín fue detenido en Torreón, Coahuila; y encarcelado el 11 de mayo de 2016 en el “Penalito” de Amatlán de los Reyes, Veracruz. En enero del año que corre -cuando Cruz acababa de ser trasladado a Veracruz-, la madre de Capitaine, Jacqueline Marín Lara, celebró públicamente que un tribunal colegIado de Boca del Río otorgó a su hijo un amparo que revocaría el auto de prisión.
Sin embargo, ido ya el gobernador Javier Duarte –a la sazón un prófugo acusado de saquear el gobierno de Veracruz- y siendo fiscal Jorge Winckler, un exabogado de Daphne, un juez emitió una nueva orden de aprehensión el pasado 21 de febrero. El 16 de marzo la defensa de Capitaine impugnó el nuevo auto de prisión, y el juez fijó el 11 de abril para decidir si lo amparaba. Finalmente, bajo una intensa presión mediática nacional e internacional, la justicia de Veracruz volvió a suspender de nueva cuenta el trámite de amparo.
El 13 de septiembre de 2015, el abogado Winckle dio a conocer a través de la radio el audio de una conversación de Felipe Capistrain con Ricardo Fernández, dueño del conocido café La Parroquia, datada el 29 de abril de 2015, en la que el padre del ‘porky’ Enrique describe un perfil abusador de su propio hijo y admite que “en algunas ocasiones se quería sentir como El Señor de los Cielos” (un violento capo mexicano). “Como todos los jóvenes de su edad: son desordenados, flojos; a la mejor un poco violentos, se quieren sentir Superman. Alguna vez, cuando era novio de una niña le dio unos mayugones. Yo le dije: ‘hija, mándalo a la chingada, no dejes que te trate así este cabrón’ “, relata en el material certificado por peritos.
Cruz fue atrapado en junio de 2016 en España, a donde pudo huir con una identidad falsa pese a existir en México orden de aprehensión en contra suya. Se presume que el escape pudo ser facilitado por el gobierno de Veracruz, la Procuraduría (PGR) y/o Relaciones Exteriores (SER) de México.
Las autoridades españolas le capturaron en una fiesta en Madrid y entregaron a la Interpol, agencia que lo puso en manos de la PGR el pasado 19 de enero. La autoridad mexicana le decretó auto de prisión cuatro días después, el 23; pero el 8 de febrero los abogados del presunto violador solicitaron un amparo al juez federal González, quien el 22 de marzo sentenció positivamente la demanda y lo puso en libertad. (Descargar infra sentencia 159/2017-IV).
Cotaita Cabrales se mantiene prófugo cuando se cumplen veintinueve meses del ataque. En noviembre pasado, el padre de Daphne aseguró a la prensa que se Cotaita estaba escondido en la propia casa familiar de Costa de Oro, que el gobierno de Javier Duarte lo encubría y que la policía se negaba a ejercitar una orden de cateo que él mismo había solicitado el 31 de octubre anterior.
“Ya tienen la información, por lo menos date una vuelta a su casa”, urgió el padre de Daphne al nuevo gobernador Miguel Ángel Yunes. Para entonces el antecesor en el máximo cargo público de Veracruz, Javier Duarte, se había fugado a su vez a Guatemala, asimismo con presunta complicidad de diversas autoridades mexicanas.
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DESCARGA Amparo de González a Porkyjuniors, 22 marzo de 2017.
Reporte con información de medios locales, nacionales e internacionales.