Código Tlaxcala
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Por una Burocracia al Servicio de los Ciudadanos

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Delfino Suárez Piedras, diputado del Partido Socialista propuso el pasado martes 28 de febrero, ante el pleno del Congreso del Estado, hacer las reformas pertinentes para que las plazas laborales en los tres poderes de la entidad, así como en los municipios, no queden al arbitrio de los sindicatos, ni crezca la carga burocrática y mucho menos que se hereden.

 

Propuso que en el texto de la Lay Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se incorpore el siguiente mandato: “las plazas de base… están al servicio de los poderes y municipios o ayuntamientos… una vez que se encuentren vacantes por defunción o jubilación del titular quedarán a disposición de la propia administración… de acuerdo con su disponibilidad presupuestal. De igual manera las plazas de nueva creación…”

Propone que se establezca la responsabilidad del gobernador, del Comité de Administración del Poder Legislativo, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y del cabildo en los ayuntamientos verificar la suficiencia presupuestal para crear nuevas plazas o en su caso suprimir las que vayan quedando vacantes y que las vacantes sean ocupadas de acuerdo al sistema escalafonario que busca crear mediante concurso que la ley regule.

El diputado Suárez Piedras, ha puesto el dedo en la llaga de las finanzas públicas de la entidad.

Ponerle un freno al crecimiento de las burocracias municipales, del Legislativo y del Judicial, en particular, y del Ejecutivo estatal, en lo general, es algo que no se puede seguir posponiendo.

La iniciativa del diputado Delfino Suárez, debería ser aprovechada para llevar a cabo una reforma administrativa que haga de la administración pública estatal y municipal, una verdadera República, es decir, una auténtica Cosa Pública, promoviendo modalidades de control de la acción pública por parte de los ciudadanos, fortaleciendo así al Estado, como institución republicana en nuestra entidad.

Puesto que lo que hemos tenido en las administraciones pasadas, en los ayuntamientos y en el Poder Legislativo, es una privatización de la función pública. Los cabildos o los presidentes y en el Congreso, los diputados, han dispuesto de las plazas laborales, cual si fueran propietarios, condenando a las presentes y futuras administraciones, a sufragar, sostener y heredar, costos mayores, en su operación.

Además, innecesariamente. Veamos.

El Congreso local, ya tiene menos diputados. Por lo tanto, no requiere mayor número de personal. Resultando entonces una paradoja: se redujo el número de diputados, pensando en generar un ahorro para las finanzas del Poder Legislativo, pero si al disminuir el número de diputados, a la par, aumentaron los empleados y trabajadores de base, el ahorro en el pago de los diputados, fue una vana ilusión

En el caso del Congreso y de los Ayuntamientos, es muy sencillo legislar para que los contratos laborales tengan la vigencia de la misma administración, de tal forma, que en cuanto concluya el periodo de gestión de los diputados y presidentes municipales, fenezca la responsabilidad laboral por parte del Congreso y de los ayuntamientos, con los trabajadores que llegan con las nuevas administraciones.

La parte operativa de la administración pública municipal y del Congreso local, como del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, además de legislarse, debería diseñarse o rediseñarse la administración pública, racionalmente en función de los fines de cada puesto, de cada área de servicio y de cada dependencia, de conformidad con los intereses de la sociedad, que favorezcan el crecimiento económico y el interés público, atendiendo las demandas de la población, mediante el eficiente uso y aplicación de los limitados recursos públicos disponibles.

Lo anterior, revitalizando el sistema escalafonario e instituyendo un servicio civil de carrera, basado en criterios de competencias y eficiencia, generando los apoyos técnicos necesarios para la planta burocrática ya existente, a través de la capacitación y entrenamiento presencial, así como de la capacitación, educación continua y profesionalización en línea.

El caso es poder contar en adelante, con una Administración Pública más eficiente y más dirigida hacia el ciudadano, modernizando y fortaleciendo al Estado.

Para lograr lo anterior será necesario un acuerdo político o en su defecto, una coalición de una amplia mayoría que sea capaz de mantener la gobernabilidad, en tanto habrá quienes se opongan a dicha reforma laboral, que es urgente y que es necesaria, para llevar al servicio público, hacia la calidad, productividad, resultados y responsabilidad, por parte de todas y todos los servidores públicos.

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