Código Tlaxcala
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Justicia, Prejuicios y Periodismo

2,202

-Primera parte-

A Enrique Peña Nieto, Presidente de México

Es más fácil desintegrar un átomo que disolver un prejuicio.

Albert Einstein

Hace doce años fui recluido durante exactamente 10 días en una prisión de Tlaxcala acusado de un delito que no cometí.

Mi hogar fue allanado el 4 de octubre de 2005 por policías uniformados y agentes vestidos de civil, en el marco de una protesta individual realizada abiertamente: primero en el campus de la Universidad donde di clases durante casi una década y luego ante las puertas del Palacio de Gobierno.

A la distancia, el motivo de dicha protesta se antoja baladí: la corrupción académica instaurada por intereses mezquinos que utilizan la institución como barricada política, degradándola y condenándola así a la mediocridad intelectual. La fenomenología del flagelo incluía a la sazón varias aristas: abuso sexual sistémico de las alumnas por profesores y autoridades, reprobación de buenos alumnos por simpatizar con grupos opositores, y en el centro del affaire, el despojo y la privatización de una obra colectiva de investigación a la que bauticé CEDEM.

Luego de irrumpir en la sala de mi casa, pasearme en una Van amarilla con el rostro tapado, amenazar con causar daño a mi esposa e hijo y percutir un arma sin cartuchos en la cabeza de la presa, los captores me condujeron a la Academia de Policía de Tlaxcala donde quitaron la liga con que ataba el cabello que entonces lucía luengo, tomaron una foto y la distribuyeron a medios de comunicación locales que nunca se interesaron en conocer otra versión de los hechos además de la oficial (ello a pesar de haber colaborado un servidor durante años como encuestólogo y columnista en los dos impresos más importantes del estado).

Luego, los captores presentaron a la víctima ante un juez, quien me puso al tanto de la acusación: ser un peligroso narcotraficante.

Era el delito de moda; a tal grado era incontrastable que dos abogados contratados merced al respaldo de generosos amigos poblanos, periodistas y académicos de la BUAP, recomendaron admitir una condena de siete años. Naturalmente los despedí y decidí asumir personalmente mi propia defensa.

Por fortuna, tan temeraria decisión contó a favor con la dificultad intrínseca de sostener una mentira; y asimismo con la disposición de dos políticos del gobierno federal -uno de los cuales un panista tlaxcalteca- para garantizar al inculpado un juicio mínimamente apegado a la verdad y la legalidad.

Así cuando fuimos careados, los policías uniformados -únicos que dieron la cara, pues los otros tres rufianes, los secuestradores nunca existieron según los acusadores- se contradijeron una y otra vez gracias a la defectuosa asesoría criminal brindada por abogados de la institución escolar, al intentar narrar con alguna coherencia la mentira de que el acusado habría sido atrapado in fraganti en una calle de la colonia La Joya con varios gramos de cocaína y cannabis, justo los necesarios para fundamentar la terrible acusación.

Siempre con la cabeza baja, los falaces imputadores sólo atinaron repetir frases preelaboradas y a guardar silencio también cuando mi hijo -testigo del allanamiento- les exigió con la encantadora ingenuidad de los quince años por qué estaban mintiendo. ”¿No les da vergüenza, a su edad?”, recuerdo que preguntó a los oficiales -aunque no sé si el secretario hizo constar en acta tan maravilloso cuestionamiento.

Ignoro igual por qué el juez federal desechó en breve lapso la grave acusación fabricada en mi contra. Quiero creer que algo debió contar su experiencia de juzgador para comprender a simple vista la vileza de la imputación urdida por el gobierno de Tlaxcala de entonces; aunque, cavilando a posteriori sobre mi enorme suerte, he llegado a pensar que pudo pesar al menos tanto en el fallo -ratificado por un magistrado de circuito- la intercesión de los mencionados funcionarios del gobierno de México.

-¿Sí entiende que ahora tenemos un problema con las drogas: explicar de dónde salieron? -me preguntó el magistrado cuando, curioso como he sido siempre, me atreví a preguntar por qué había querido hacer justicia en mi caso habiendo tantos peores aun.

-Pregunte a los policías, ellos saben de dónde las tomaron. O al gobernador de Tlaxcala -respondí al eminente juzgador.

En fin, todos estos asuntos son cosa del pasado. O eso llegué a creer, hasta que un reciente incidente con un comunicador alcohólico de un ayuntamiento tlaxcalteca me hizo comprender que los prejuicios -harapos de la fatua ignorancia- no son tan fáciles de vencer.

POSDATA Ando buscando la foto con cabello largo; Antonieta dice que no salí tan mal. He preguntado a ex alumnos y colegas, hasta ahora sin éxito. Si finalmente Max me franquea el acceso al archivo de El Periódico de los Tlaxcaltecas, la subiré a esta misma entrega.

 

+ Premio de Periodismo “Miguel N. Lira” 2015

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