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Atribuye Votación de Ayer a Intereses de Anabel Alvarado (Segob)
‘Lo que los Diputados Hicieron fue Tomarle el Pelo a Tlaxcaltecas’
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Acción Nacional (PAN) calificó como “un auténtico cochinero” la elección del nuevo Ombudsman de Tlaxcala, pactada por las bancadas de PRI y PRD en el Congreso local ; al tiempo de aseverar a través de un comunicado que “el señor Víctor Manuel Cid del Prado carece de toda legitimidad”.
“Lo que los diputados hicieron el día de ayer, en palabras coloquiales, fue tomarle el pelo a los tlaxcaltecas”, remata el boletín signado por Carlos Carreón Mejía, presidente estatal del partido blanquiazul.
La designación de Cid ocurre casi con un año de retardo, pues intereses poco claros de las bancadas de los partidos prolongaron el mandato del anterior ombudsman local que legalmente debió concluir en agosto de 2016.
En otra parte, el PAN afirma que la votación a favor de Cid responde a intereses de la titular de la cartera estatal de Gobierno, la diputada federal con licencia Anabel Alvarado, quien fue designada el pasado marzo en sustitución de Florentino Domínguez Ordóñez cuando el nuevo gobierno de Tlaxcala aún no cumplía cien días.
Al respecto, el PAN condenó que la CEDH “sea utilizada como una forma de pago de facturas, en la que se vio beneficiado uno de los hombres más cercanos a la titular de la Secretaría General de Gobierno”.
A nombre de los panistas tlaxcaltecas, Carreón Mejía exigió a los diputados que votaron por Cid en la sesión de ayer, que expliquen el aval dado al “personaje peor evaluado de la terna”, mismo que en su opinión evidenció “un total desconocimiento del tema” y un “perfil no idóneo para ocupar el cargo”.
“Para el PAN resulta incoherente que una persona calificada en el tercer lugar de la terna, sea quien vaya a fungir como titular”, “los legisladores del PRI y el PRD se empeñaron en seleccionar al peor calificado”, se insiste en el boletín.
“Hoy los intereses políticos y de grupos acapararon una vez más un organismo que debiera ser un instrumento de defensa en favor de los ciudadanos agraviados, y no cómplice de las esferas más altas del gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez”, concluye el comunicado.
En efecto, el modelo mexicano difiere de los de Europa y Norteamérica en que los propios gobernantes eligen al Ombudsman que debe vigilar los excesos de los gobernantes; lo que se complementa con la asignación a fundaciones y asociaciones civiles de los propios políticos, sus esposas e hijos, de los presupuestos formalmente destinados a organizaciones no gubernamentales.
Dicho modelo ha sido cuestionado reiteradamente por instituciones internacionales enfocadas a la defensa de gobernados contra abusos de gobiernos, como la ONU, la OEA, la CIDH, Amnistía Internacional y Artículo 19, e incluso el Parlamento Europeo, que han coincidido en subrayar la persistencia en México de prácticas como la tortura, la alteración de “pruebas” y la fabricación de supuestos culpables.