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Contradicción, Instituciones y Legitimidad

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Encuentro frecuentemente una serie de situaciones en las que se observa, de manera reiterada, una suerte de contradicción entre lo que se dice y se hace. De ahí que no sea de gratis caer frecuentemente en suspicacias, al fin que como reza el refrán “La burra no era arisca, sino que la hicieron”. La situación política en el país se torna a veces absurda. Los políticos no tienen ningún cargo de conciencia respecto de su proceder. La impunidad está por encima del Estado de Derecho y atenta contra toda posibilidad de fortalecer los cimientos para que los ciudadanos aprendamos a vivir en el marco de una cultura de la legalidad que se manifieste como expresión de una forma de vida que los mexicanos hagamos nuestra y que los políticos asuman como compromiso irrenunciable de su actuación política.

En este escenario, cabe entonces preguntar qué sentido tiene hablar de cultura de la legalidad, Estado de Derecho, justicia, responsabilidad, transparencia, entre otros valiosos términos que hemos instituido para regular la convivencia entre los mexicanos y garantizar que la misma se dé de manera democrática en el reconocimiento a principios y valores como la pluralidad, la tolerancia, la igualdad, la libertad, la honestidad; tarea que no resulta ociosa si consideramos que las disposiciones instituidas para ello: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el entramado institucional de normas e instancias encargadas de ejecutar el cumplimiento a las disposiciones contenidas en las mismas, celebran cien años de vida adoleciendo de credibilidad respecto de sus alcances.

Qué sentido tiene hablar de ello cuando asistimos de manera burda y prosaica para la inteligencia, al montaje mediático en torno de las detenciones de Javier y César Duarte, así como de  Borge, por escándalos relacionados con malos manejos de recursos públicos destinados a propiciar mejores condiciones de vida para millones de mexicanos en diferentes latitudes de la geografía nacional y que fueron usados para para crear fortunas ilícitas amparadas en la corrupción que se da en casi todos los niveles, sectores e instancias de gobierno; cuando nos enteramos que el gobernador electo del Estado de México: Alfredo del Mazo, es investigado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), por el supuesto desvío de recursos públicos, por señalar sólo algunos ejemplos.

Amplios sectores de la población siguen el escenario montado sin manifestar el mínimo asomo de credibilidad en la capacidad y fortaleza de las instituciones mexicanas para llevar a buen término, sobre todo en el caso de los exgobernadores, la aplicación irrestricta de la ley, evidenciando en ello lo que los ciudadanos creen respecto del proceder de las mismas: desconfianza, que es uno de los indicadores que los estudiosos de la política suelen sondear cuando abordan el estudios de la cultura política y constituye uno de los parámetros a partir de los cuales en su oportunidad Octavio Paz acota la definición del mexicano. En el caso de Alfredo del Mazo, todavía falta superar la fase de investigación para que, de proceder la demanda, se dé cauce a la misma.

Las instituciones del Estado mexicano tienen frente a sí el gran reto de legitimar su actuación frente a los ojos de una ciudadanía que, de manera incipiente, gradual y paulatina ha comenzado a dejar de considerar a los partidos políticos como sus interlocutores; una ciudadanía que si bien es cierto no termina de despertar del prolongado letargo en el que ha vivido, gracias al proceso de domesticación que ejercieron y aún ejercen en amplias regiones del país las élites económicas y políticas nacionales, también es cierto ha comenzado a exigir, en determinadas situaciones, cuentas claras acerca del proceder de los gobernantes y los políticos de oficio. Una ciudadanía cuyo perfil ha cambiado y hoy vive mayoritariamente en zonas urbanas y cuenta con niveles de educación cada vez más elevados.

La pregunta obligada, que acompaña a la anterior, tiene que ver con saber a quién compete cambiar el rumbo de los acontecimientos: a los gobernantes, a los representantes populares, a los partidos políticos, a las organizaciones de la sociedad civil, a la ciudadanía. Quién debe entonces legitimar las circunstancias de las instituciones, sus normas y procedimientos, pero sobre todo los resultados de su actuación frente a la sociedad de acuerdo con las funciones y responsabilidades que les han sido establecidas. La respuesta exige un profundo ejercicio de reflexión de todos los que estamos preocupados en ratificar la correspondencia entre lo que se dice y se hace, de que el Estado de Derecho no sea solamente una figura retórica al servicio de los poderosos.

La reflexión debe ir acompañada del establecimiento de condiciones para avanzar y validar en los hechos lo que se planté desde el diseño de propuestas; debe ser una apuesta por la creatividad política que vaya más allá del reconocimiento a lo que  nos hemos habituado a considerar como lo correcto a riesgo de cercenar las posibilidades de una convivencia y desarrollo democráticos en los que de verdad todos tengamos cabida en términos de posibilidades reales de participación también en los beneficios esperados y que estos no sean sólo privilegio o incluso patrimonio exclusivo de quienes han hecho del cinismos carta de presentación ante la incapacidad de la ciudadanía de reconocer el papel que le toca jugar.

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