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Alberto Amaro Precandidato al Senado, tiene como Prioridad Combatir la Corrupción

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, debe de ser un mandato constitucional

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El precandidato al senado de la república por el PRD Alberto Amaro Corona, afirmó ante cientos de ciudadanos Tlaxcaltecas este miércoles que de llegar a representarnos en cámara alta del Senado, trabajará intensamente para que en el Estado y el país se ponga al cien por ciento en función la Ley del Sistema Anticorrupción para el Estado de Tlaxcala, misma que presentó cundo fungió como legislador local, en este sentido el aspirante del sol azteca testificó que en nuestra entidad, el combate a la corrupción deber ser prioridad de todos los servidores públicos, políticos y sociales.

Amaro Corona especificó, que con la aplicación de esta Ley ha demostrado su compromiso de la izquierda con responsabilidad, honestidad y transparencia, ya que el combate a la corrupción y la impunidad, debe de ser el centro de atención de todos y cada uno de las autoridades locales y nacionales, pues con la creación de un Consejo Ciudadano como rector del Sistema, integrado por ciudadanos no partidistas, especialistas en la materia y una Secretaría Ejecutiva, encargada del diseño de políticas de prevención fiscalización y sanción de actos de corrupción se podrá acabar con esta arbitrariedad.

Amaro Corona, recapituló que el Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado trabajó presentado la iniciativa de reforma a la Constitución de Tlaxcala, para crear el Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley para la Protección de Informantes y Denunciantes de Actos de Corrupción, con el objetivo de combatir de manera pronta la corrupción y la impunidad, para poder de contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas.

El aspirante al Senado explicó, que en lo que se refiere a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción se debe de analizar y discutir en el Congreso de estado, pues los diputados en turno deben retomar y aprobarla ya que resulta urgente dar cumplimiento a la reforma constitucional de 2015 y formalizada en 2016 con la emisión de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que esta debe sea un mandato constitucional.

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