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Acusan a Procuradora de Tlaxcala de Incumplir Orden Judicial

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Abogado Dice que Fragoso Protegió por Dinero a sus Amigos Tamayo

El abogado poblano y ex subprocurador jurídico del estado de Puebla, José Alfredo Arroyo Razo acusó en exclusiva a la procuradora de Tlaxcala por impedir, “en contubernio con la policía ministerial y el comandante de la ciudad de Apizaco, de impedir (“a través de un favor político y económico, del cual desconocemos la cantidad de dinero”) la ejecución de una orden de aprehensión librada por el juez en turno del distrito judicial de Guridi y Alcocer.

El experimentado abogado del despacho Lawyer & Corp. detalló que después de dos años de investigación y acopio de pruebas, finalmente el juez ordenó la aprehensión de Alfredo Tamayo Méndez y José Alfredo Tamayo Escobar por los delitos de robo y despojo en agravio de Gonzalo Galeana y Carlos Abraham Galán Romero, sus clientes.

Tras pedir la intervención del gobernador de Tlaxcala en el asunto y denunciar que los funcionarios aludidos “utilizan su poder económico para torcer el sentido de las normas jurídicas”, el defensor de los presuntos agraviados recordó a la procuradora Alicia Fragoso Sánchez que encabeza “la institución que se encarga de procurar justicia y proteger a los ciudadanos de personas responsables de delitos”.

“Vivimos en un Estado de derecho en el que las normas jurídicas deben prevalecer por encima de favoritismos, amiguismos y cuestiones políticas y económicas. No es posible que en la época en que vivimos se permitan actos inmorales y cobardes, derivados de la amistad de la titular de la Procuraduría General de Justicia con los probables responsables”, remachó.

CAD  Nos comentan que la orden no se ejecutó, ¿cuál fue la situación?

JAAR  El viernes pasado, acompañado de mis defendidos acudí al director de la policía ministerial para solicitar que en ese mismo instante procediéramos a ejecutar dicho mandamiento jurisdiccional. El director de la policía ministerial, al percatarse que los domicilios de los probables responsables se encuentran en el municipio de Apizaco, nos solicitó esperar unos minutos en tanto se ponía en comunicación con el comandante en turno de la policía ministerial de Apizaco.

Hasta las 17 horas aproximadamente, el comandante en cuestión acudió a las oficinas de la procuraduría, y nos comentó que en ese momento nos trasladáramos a Apizaco para ejecutar la orden, ya que teníamos datos precisos del lugar donde se encontraban los probables responsables.

CAD  ¿Qué pasó al momento en que se acercaron al domicilio?

JAAR  Íbamos a bordo de nuestro automóvil y el comandante conducía un Ford Focus negro modelo 2012, cuando a la altura del bulevar La Libertad de Apizaco, el comandante se orilló repentinamente, se bajó del coche y nos comentó que él tenía órdenes de ya no ejecutar la orden de aprehensión, que había recibido una llamada telefónica de sus superiores, por lo que deberíamos acudir a la agencia del ministerio público. Pero que ese día no se iba a ejecutar la orden.

CAD  ¿Qué les quiso decir?

JAAR  Cuando el policía ministerial nos comentó que ya no se iba a poder llevar a cabo la ejecución de la orden de aprehensión, nosotros, sorprendidos, le preguntamos y solicitamos una explicación razonable del por qué, teniendo datos precisos de los probables responsables y en manos una orden de aprehensión, no la quiso ejecutar.

A lo que él nos comentó que simplemente tenía órdenes de sus superiores de no llevarla a cabo.

CAD  ¿Esperan una sanción contra la procuradora?

JAAR  Sin duda. Las actuaciones que llevaron a cabo emprendidas por la procuradora y la policía ministerial a través de su comandante, tipifican un delito previsto en el código penal federal, por lo que además de solicitar al gobernador que inicie los procesos administrativos correspondientes, no dudamos en integrar ante la delegación de la Procuraduría General de la República la averiguación previa.

Contamos con todos los materiales probatorios que acreditan la responsabilidad de estos servidores públicos que no solamente torcieron el contenido dela ley: la violentaron cometiendo un agravio a nuestros derechos fundamentales y garantías individuales. Somos uno más de los casos que día a día se cometen en este estado sin que ninguna autoridad ponga atención y tome las medidas pertinentes en contra de las autoridades responsables.

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