Venezuela y Nicaragua. 1. Diásporas

La evidencia está a la vista, documentada por separado en la prensa de los vecinos Colombia y Brasil. La mayoría de los migrantes venezolanos cruza originalmente el río Táchira a través de los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula con destino inmediato a las ciudades colombianas de Cúcuta y Villa del Rosario; y no pocos el José Antonio Páez sobre el Arauca, donde se confunden en el homónimo estado colombiano con familias de ambos países desplazadas por los narcoterroristas del ELN y las FARC.

No se trata de venezolanos regulares, turistas con pasaporte o visa, trabajadores con PIP (Permiso de Ingreso y Permanencia) o PEP (Permiso Especial de Permanencia, 181 mil venezolanos), ni consumidores de productos básicos autorizados con TMF (Tarjeta de Movilidad Fronteriza, extendida a 1.6 millones de venezolanos). Son familias de refugiados que caminan cargados de maletas o simples bultos con lo indispensable, ropa, enseres domésticos y cosas de valor, e improvisan tiendas y campamentos colectivos en parques y baldíos de los pueblos y ciudades de Colombia.

Según William Villamizar, gobernador del departamento de Norte de Santander, desde 2015 “se han registrado 20 millones de entradas desde Venezuela (y sólo) 17 millones de salidas”, principalmente en el puente Bolívar. Christian Krüger, jefe de Migración de Colombia, estima que de los 70 mil venezolanos que cada día cruzan dicho puente, unos 3500 se quedan a residir en su país. El Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) implementado entre 6 de abril y 8 de junio, contabilizó 442 mil indocumentados de reciente ingreso que en grupos de 20 mil están tramitando el PEP desde el pasado 2 de agosto.

Dada la porosidad histórica de las fronteras entre Venezuela y Colombia, seguramente son muchos más los migrantes contabilizados por la ONU y los propios gobiernos. En febrero, cuando solicitó declarar una emergencia –a lo que el presidente Santos respondió previo a la puesta en marcha del programa RAMV con medidas de control fronterizo-, el gobernador Ricardo Alvarado Bestene estimaba que unos 8 mil entraban diariamente en Arauca, entre desplazados de ambos lados por la narcoguerrilla y los que arriban de Venezuela cargados de artículos diversos que al vender a ganga ponen en jaque al comercio local.

Luego, la diáspora venezolana traspasa la frontera sur de Colombia hacia Ecuador y Perú, y la occidental hacia Panamá, plataformas desde donde gotea respectivamente sobre Chile y Argentina, México y los Estados Unidos.

Tras atravesar Perú y Ecuador, cerca de 100 mil han encontrado refugio en Chile, cuyo presidente Sebastián Piñera anunció en abril una “visa de responsabilidad democrática” que los venezolanos pueden tramitar ante la embajada en Caracas.

No pocos deciden trasladarse hasta la Argentina, país poblado por migrantes que para los venezolanos es la Miami del cono sur. Guardan los chés una deuda, pues muchos escogieron Venezuela tras el golpe militar de Pinochet en 1973, y de nuevo durante la crisis financiera de 2001. Es destino elegido principalmente por profesionistas que hasta 2017 viajaban en avión pero este año llegan a tramos por carretera y en avión, siguiendo las rutas de Chile, Brasil y Paraguay. Allá han ido a parar varias generaciones de alto nivel técnico y cultural que seguramente extrañara Venezuela una vez que recupere la democracia. Hasta marzo radicaban en Argentina más de 50 mil venezolanos, según cifra del gobierno de Macri, aunque el número podría haberse disparado desde la reelección fraudulenta de Maduro en mayo pasado.

Menor por razones de idioma y por igual motivo más problemática, la diáspora arrojó al Brasil 120 mil venezolanos en dieciocho meses, entre 2017 y 2018, la mitad de los cuales re-emigró a Colombia y Chile debido a los ataques contra sus campamentos por lugareños de Pacaraima, poblado de 12 mil habitantes de uno de los estados más marginados del país, Roraima.

Tras reventar en Colombia, la ola venezolana se expande asimismo en Centroamérica. A finales de 2017 alcanzó Panamá, una nación de apenas 4 millones de habitantes cuyo gobierno presidido por Juan Carlos Varela registró “10 mil personas por mes”. En la nación canalera vivían 25 mil venezolanos en 2010; en 2014 eran la mayor comunidad extranjera y a la fecha suman en torno a 100 mil personas. Panamá estuvo entre los 13 países –al lado de México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica y Dominicana- que el pasado martes 4 firmaron (naturalmente sin Bolivia) la Declaración de Quito y acordaron convocar para este jueves otra reunión extraordinaria en Washington.

La asamblea de Quito acordó seguir el ejemplo de Colombia y arropar a las víctimas del gobierno de Maduro;  asimismo respaldó las propuestas del nuevo presidente colombiano Iván Duque, en el sentido de ahondar el aislamiento diplomático del gobierno venezolano y desestimar la opción de removerlo mediante una intervención militar.

Durante 2016, 1200 venezolanos solicitaron refugio en Costa Rica, cifra disparada a 1369 al primer cuatrimestre de 2018, para representar 55% de las solicitudes de asilo. Se prevé que el éxodo hacia la nación de apenas 5 millones de habitantes cuya democracia está entre las mejores de América, se multiplique al paso de los meses toda vez que el presidente Carlos Alvarado sumó al desconocimiento internacional de los comicios de 20 de mayo que resultaron en la reelección de Nicolás Maduro.

Mas no es Venezuela sino Nicaragua la preocupación principal del gobierno Tico.

Según William Spindler, portavoz de la agencia para refugiados de la ONU, a finales de julio entre 100 y 150 nicaragüenses estaban cruzando cada día la frontera nica con Costa Rica, subrepticiamente a través de senderos de montaña por temor ser identificados por agentes y paramilitares del gobierno de Daniel Ortega en los puestos fronterizos, mediante listas negras en su poder. Datos oficiales dados a conocer por la canciller Epsy Campbell estiman entre 100 mil y 150 mil las familias nicaragüenses asentadas legalmente en Costa Rica; a lo cual se agregan a partir de abril unas 8 mil nuevas peticiones de asilo aunadas a 15 mil previas aún en calidad de pendientes. La represión gubernamental acumula en Nicaragua ya más de 300 muertos y miles de heridos y desplazados. La persecución de opositores por el régimen de Ortega y el consecuente flujo ilegal de nicaragüenses hacia Costa Rica permite entender la paradoja de los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, según los cuales la cifra de arribos legales descendió en los meses subsiguientes a las protestas (subió de 30,737 en febrero a 32,771 en marzo y 38,807 en abril, y luego decayó a 22,934 en mayo y 10,405 entre 1 y 17 de junio). Confirma dicha paradoja que pese al descenso del flujo legal, Costa Rica activó recientemente un plan preventivo de Acción Integral para la Atención de Flujos Migratorios (2018-2022).

Una cifra indeterminada que hace escala en Panamá pasa por México con destino a los Estados Unidos, aunque no pocos se estacionan en la nación azteca a donde según Wikipedia arribaron entre 2013 y 2016 más de 300 mil (y se arraigaron legal o ilegalmente varios miles, entre los cuales trabajadores petroleros calificados y artistas). Es significativo que la diáspora venezolana evita dos naciones amigas de Maduro y de la familia Castro Ruz, Bolivia y Nicaragua, gobernadas respectivamente por Evo Morales y Daniel Ortega.