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Un Pobre Sistema Anticorrupción

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Miguel Barbosa Huerta* /Siempre! (México), 3 Jun

Poco a poco queda en evidencia que la lucha contra la corrupción en México por parte del gobierno federal nunca ha sido verdadera.

Que la gran reforma estructural, que representaba el combate a esta llegó solo a logros parciales, en ocasiones tan sutiles que todo quedó prácticamente igual.

Que en la aplicación de la reforma anticorrupción, el gobierno y sus representantes regatean a cada paso su cumplimiento, que se postergan una y otra ocasión los nombramientos fundamentales contenidos en la reforma y que desde la Hacienda pública los recursos económicos y materiales para el funcionamiento de los órganos fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se limitan al máximo con la evidente intención de propiciar su parálisis o el hartazgo de sus titulares, lo que ocurra primero.

Solo así se explica: como parte de un plan deliberado, que después de casi un año de la promulgación de las llamadas leyes anticorrupción, este sistema no cuente con los mínimos recursos para funcionar, como lo declaró en días recientes Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA.

Las declaraciones del integrante de este comité son reveladoras. Afirma que, desde su nombramiento, carecen de recursos materiales, financieros y humanos. No cuentan con asistentes ni secretarias, no tienen teléfonos, tampoco artículos básicos de oficina como escritorios.

El pasado 30 de enero, la Comisión de Selección eligió a Luis Manuel Pérez de Acha, a Jacqueline Peschard, a Mariclaire Acosta, a Octavio López Presa y a Alfonso Hernández Valdez, todas y todos personajes de primer nivel en la academia, en el ejercicio profesional y en el servicio público, como integrantes de este comité que tiene entre otras funciones, ni más ni menos, que proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y sobre todo, vigilar el funcionamiento del SNA.

El problema es que después de meses de su nombramiento dicho comité  tiene que hacer, a decir de Pérez de Acha, su trabajo en cafeterías o en el mejor de los casos, en restaurantes.

¿De qué se trata? ¿Qué pretende el gobierno desatendiendo de esta manera esta nueva instancia?

Esta situación resulta inaceptable, parece una burla del gobierno federal a la demanda de la sociedad de combatir la corrupción. Parece que buscan la parálisis o que los integrantes de este órgano se harten de esta situación y renuncien a sus cargos.

Recursos existen, pues en el presupuesto de este año se estableció en un artículo transitorio que la Secretaría de Hacienda estaba obligada a proveer los recursos humanos, financieros y materiales para el funcionamiento del SNA; el problema es que el monto de dichos recursos quedó a criterio de la Secretaría, lo cual deja al Comité de Participación Ciudadana en una posición de franca vulnerabilidad.

Siendo la corrupción uno de los mayores problemas que aquejan a nuestra vida pública, el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción produjo altas expectativas. Se trata de un nombramiento clave en el engranaje que articula el funcionamiento del SNA, porque será el responsable de la procuración de justicia ante los hechos graves de corrupción; es decir, es  la autoridad que salvaguarda el Estado de derecho en esta materia.

Sin fiscal, el sistema anticorrupción no funcionará adecuadamente y, por lo tanto, sus resultados no serán los esperados. El problema es que sin la reforma al marco legal, la designación del fiscal anticorrupción es prácticamente inútil.

A punto de culminar el pasado periodo ordinario de sesiones, el presidente propuso para su ratificación a los ministros anticorrupción.

Debe recordarse que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está conformado por un pleno de dieciséis integrantes; tres de ellos forman la Tercera Sección, que es el órgano máximo para los temas de combate a la corrupción. Es la máxima instancia jurisdiccional, debajo de este se encuentran cinco salas regionales en la misma materia, con tres magistrados cada uno; es decir, son 18 magistrados, tres de la sala superior y tres por cada sala regional, que fueron propuestos por el titular del Poder Ejecutivo Federal y que tendrán que ser ratificados por el Senado de la República.

El problema es que los 18 nombres que el Ejecutivo envió al Senado son producto de un acuerdo entre el PRI y el PAN, en un franco reparto de posiciones.

El sistema anticorrupción está en riesgo, porque el 19 de julio entra en vigor pleno este sistema, pero aún no tenemos fiscal anticorrupción, ni jueces especializados en la materia ratificados y el Comité de Participación Ciudadana carece de recursos para su adecuado funcionamiento.

Queda claro que se han administrado los tiempos, se ha alegado ausencia de  perfiles o inconveniencias coyunturales. Parece que nunca es el momento propicio para estos nombramientos.

Pretextos sobran, pero la realidad es una: el combate a la corrupción por parte del gobierno federal y sus aliados no es auténtica.

Se trata de un fraude a la nación y una burla a la sociedad.

*Presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

@MBarbosaMX

Link  http://www.siempre.mx/2017/06/un-pobre-sistema-anticorrupcion/

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