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Simplificar, Para Legalizar la Actividad Económica

A la par del Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN), que elevó exponencialmente las exportaciones mexicanas, como lo vimos la semana pasada, en México, se desarrolló la industria, el comercio y los servicios en pequeño, que constituyen el 95% del total de las empresas del país.

Del total de las micros, pequeñas y medianas empresas, el 90% no sobreviven más allá de los primeros cinco años, confirma Lorenzo Manzanilla López, de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Tal proporción se ha mantenido desde el siglo pasado.

Pareciera que el TLCAN, no afectó mayormente a éste sector de la economía nacional. En todo caso, refleja lo que el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo declaró con relación al TLCAN: “Nos dormimos en nuestros laureles” (La Jornada. 27.07.2017), porque como quiera que sea, aumentó el ingreso de los mexicanos y mexicanas, en éstos últimos 24 años

Terminó el siglo XX, empezamos el siglo XXI, sin encarrilar el sector micro, pequeño y mediano de la economía nacional, hacia una modernización que hubiera implicado la profesionalización de los micros, pequeños y medianos empresarios y empresarias. Como si nada estuviera pasando en México y el mundo, en tanto éstos ingresaron de lleno en la dinámica mundial del Mercado Global o de los mercados globales, y las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, no vinculadas al sector exportador, luchaban y luchan por sobrevivir, desligadas totalmente de la dinámica del TLCAN.

Desligadas y no. En tanto la expansión de las firmas y productos comerciales y de servicios no mexicanos, ingresaron al mercado nacional, abatiendo precios, lo que representó una nueva competencia para las micros, pequeñas y medianas empresas, en sus propios nichos de mercado.

Tal situación podría haber significado un incremento en la mortalidad de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, pero el porcentaje dado a conocer por el académico de la UNAM, revela que algo pasó con esos micros, pequeños y medianos empresarios.

Pasó que aprendieron o están aprendiendo a competir, en la misma actividad o cambiando de giro. De suyo, siempre lo hicieron y en peores condiciones. En 2017, el sector de los micros, pequeños y medianos empresarios, cuentan con instituciones de apoyo y mecanismos de financiamiento que no existían hace 24 años.

A pesar de ello, siguen persistiendo prácticas y usos “de la otra economía” que han sido y todavía siguen siendo un baluarte para ese sector, entre otras, solo mencionamos: el agiotaje; las tandas; el trueque; además del comercio propiamente ambulante que se establece en vía pública en días predeterminados, el comercio en vía pública diario fijo y semifijo, el comercio rodante y el cambaceo, utilizado incluso por empresas formales, que se anticiparon, al sofisticado servicio de entrega a domicilio, así como múltiples actividades económicas, que se adelantaron también, a la producción industrial por ensamblaje y envasado.

Socialmente se guarda en el subconsciente, una idea de “comercio justo”, mismo que se ha mantenido a través del tiempo y que hoy se ha constituido en un mecanismo de intercambio y de venta en muchos mercados a lo largo y ancho del país, generando y reproduciendo múltiples organizaciones sociales, dedicadas a procesar productos y bienes, amigables con la naturaleza y sin ingredientes o partes industrializadas.

El quid, es que los legisladores y los ayuntamientos, trabajen de común acuerdo para establecer una legislación y disposiciones que favorezcan el desarrollo de dichas actividades, estableciendo un solo trámite, que contenga todos los requisitos que debe cubrir un agente económico y sin que cada año tenga que estar presentando exactamente los mismos documentos, si sigue en la misma actividad y en el mismo lugar o espacio geográfico. Estableciendo características uniformes u homogéneas en caso de utilizar espacios públicos para su venta, delimitando exactamente las áreas de los espacios públicos que se pueden utilizarse para el comercio, liberando banquetas y aceras de calle, de cualquier y todo tipo de comercio, incluyendo las cabinas telefónicas, mismas que deben ser retiradas de las banquetas.

Hay actividades que los ayuntamientos tienen que reglamentar, aún sin RFC, como la venta de dulces, botanas naturales y procesadas, vendidas en canastas, en “diablitos”, “carritos de mano”, carretillas o en lugar fijo, entre otras actividades de micromenudeo, que urge que los legisladores federales saquen ya del ámbito federal, en tanto los montos de ingresos que obtienen dichas personas, no ameritan las obligaciones que implica el RFC y que para la SHyCP significarían una carga administrativa excesivamente costosa e inoperante.

En todos los casos, la máxima simplificación posible, favorecerá el cumplimiento de la ley, la legalidad de las actividades económicas que se realizan y el incremento de la mejoría económica para todos, ya que al poder vender bien, legalmente, obtendrá más ingresos al ya no tener que pagar una “cuota de coyotaje” y los ingresos públicos municipales se incrementarán exponencialmente.

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