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Reta Saucedo a Gobierno con Mover 5400 Concesionarios vs Pronto

‘Esto es Primer Ensayo, Estamos Convocando al Estado Completo’, Amaga Dirigente de CEPT

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Pronto Aclara: ‘Sumos Plataforma Digital que Facilita Contrato Entre Privados, no Transporte Público’

César Durán y Xavier Quiñones

Indalecio Saucedo, dirigente de la Coordinadora Estatal del Transporte Público (CETP), amenazó al Gobierno de Tlaxcala con movilizar a los 5 mil 400 propietarios de concesiones de transporte público para impedir que entre en operación la empresa Pronto, impulsada por jóvenes tlaxcaltecas que buscan renovar el servicio y ofrecer mejores precios a los consumidores.

Ayer Saucedo y un grupo de miembros de la CEPT ocuparon la zona del kiosco del zócalo de la ciudad de Tlaxcala, donde el dirigente dijo que el viernes fue recibido en Palacio de Gobierno, anunció una nueva reunión entre hoy y mañana con funcionarios estatales, y de paso se vanaglorió de haber impedido la entrada en operación de Pronto.

Específicamente, aseguró que sería recibido este martes a las 11:00 horas (ver video).

“Les temblaron las piernas”, dijo Saucedo a los reporteros en alusión a la campaña de intimidación puesta en marcha por los concesionarios en contra de los tlaxcaltecas que se atrevan a desafiar su monopolio del servicio.

En efecto, taxis y combis propiedad de particulares que tienen concesiones y en base a esos permisos otorgados por el gobierno pretenden mantener un control monopólico sobre el servicio de transporte, ostentan desde hace días letreros amenazantes contra quienes osen oponérseles.

“No es posible que una plataforma comparable con Uber o Cabify, vengan aquí a desestabilizar la situación”, opinó Saucedo, aunque en realidad en diversas partes del país han sido precisamente los dueños de concesiones quienes han emprendido una campaña de agresiones en contra de los competidores.

“Todo tipo de servicio que no cuente con autorización, está penalizado”, reiteró Saucedo. “Le advertimos al gobierno, porque sabemos que esas empresas canalizan los acuerdos con los gobiernos. Aquí no (las) vamos a permitir en Tlaxcala los transportistas, por esto es el primer ensayo que tenemos en este momento. Estamos convocando al estado completo, con sus 5 mil 400 concesiones, para que juntos vengamos a protestar.”

Saucedo, amenaza al gobierno en defensa de su monopolio.

 

POSTURA DE PRONTO

Ayer mismo, los jóvenes innovadores de Pronto hicieron pública su postura a través de un manifiesto distribuido a los medios de comunicación, cuyo texto íntegro se reproduce a continuación.

“PRONTO es una empresa de tecnología de jóvenes Tlaxcaltecas que buscan mediante su modelo de negocios y responsabilidad social lograr ser un precedente nacional y de cambio en beneficio de las familias que llevan un sustento a sus hogares como conductores privados, ya que otras plataformas cobran hasta un 33% de comisión por cada servicio a los conductores, sin contar que ese dinero NO se queda en el País.

La intención de Pronto es dignificar la vida del conductor permitiéndole conservar el total de sus ingresos y de esta manera no intervenir en las ganancias que este conductor lleva a su familia, así, asegurando que ese dinero se quedara en México y en Tlaxcala, mejorando la economía ciudadana a nivel estatal y nacional.

¿Por qué PRONTO no está fuera de la Ley?

¡Porque NO somos transporte publico!

Pronto es una plataforma digital que facilita a las personas realizar un contrato entre privados. En este caso, entre una persona que ofrece sus servicios de conductor privado y otra que busca este servicio, fomentando la economía colaborativa entre ciudadanos.

Tal como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) lo ha recomendado para estas plataformas, “poniendo al centro el derecho de los ciudadanos a elegir cómo y con quién se quieren trasladar por su ciudad.”

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definió que los servicios tipo “Uber” son diferentes a los que ofrecen los taxis tradicionales.

Con este fallo, el máximo tribunal del país estableció que los Congresos de los estados sí pueden regular el servicio de transporte privado y reconoció que los requisitos para servicios como Uber y los de taxis tradicionales SI pueden ser diferentes.

Los ministros que integran el pleno del Tribunal Constitucional consideraron que no es posible regular ambos servicios en forma similar, pues de origen son distintos, y se les puede dar un trato desigual, siempre y cuando este sea “razonable”.

Estamos totalmente dispuestos a trabajar junto con las autoridades en una regulación específica para esta nueva modalidad de transporte privado, de la misma manera como estas plataformas se estan integrando en otros estados como Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Queretaro, Toluca, Mérida, Hermosillo, León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Mexicali, Chihuahua, Saltillo, Irapuato, entre otras.

Queremos apoyar al gobierno del estado generando oportunidades de emprendimiento y autoempleo para los tlaxcaltecas en los próximos meses; así como poner a disposición del ciudadano una nueva opción de movilidad segura, distinta al transporte público que además, genera nuevos mercados, ya que gente que normalmente usa su propio vehículo, comienza a usar la opción de conductor privado para ocasiones específicas y esto puede ayudar a reducir los accidentes viales relacionados con el alcohol, el cual es un tema recurrido en el estado.

Queremos de su ayuda como Tlaxcaltecas, ya que así, Pronto puede volverse un precedente nacional y al movernos a otros estados, lograr que quienes ya laboran en otras plataformas obtengan íntegros sus recursos y que ese porcentaje no salga de nuestro país, de esta manera, podremos poner el nombre de TLAXCALA muy en alto.

Miguel Martínez, Nydia Cano, Gabriel Cano

PRONTO MÉXICO”

Campaña de intimidación en curso.

ANTECEDENTES

Las concesiones son permisos del gobierno para brindar el servicio de transporte, y por regla general han sido otorgados en el pasado a operadores que acarrean votos en épocas electorales. Durante las elecciones, los grupos de concesionarios utilizan las unidades como medios de publicidad, previa negociación con actores y partidos políticos.

A sabiendas de las autoridades, dichas concesiones o permisos se compran y venden ilegalmente en un mercado negro donde llegan a cotizarse por arriba de los 100 mil pesos (más de 5 mil dólares). Inclusive, los poseedores de esos permisos han obtenido del gobierno el “derecho” a heredarlas a sus familiares en caso de fallecimiento del titular de la concesión, como si fueran un título de propiedad distinto de la factura de propiedad del vehículo que presta el servicio de transporte.

Esta práctica también estuvo vigente –asimismo por sinrazones de pago de favores electorales- durante décadas en el ámbito de la educación gubernamental (llamada “pública” en México), hasta la reciente Reforma Educativa. En este caso, los  profesores de gobierno podían heredar las plazas a hijos u otros parientes como si fuesen un refrigerador o un terreno, llegando a comprarse y venderse en decenas de miles de pesos en otro mercado negro alimentado por el clientelismo político. Hasta la fecha, los beneficiarios del monopolio de educación ofrecida por el gobierno consideran como un “enemigo” a la educación brindada por particulares, a la que no cesan de infamar llamándola “patito” entre periódicos llamados retóricos a la “defensa de la educación pública”.

Así como la educación que ofrece el gobierno es llamada “pública”, así el transporte fue llamado “público”, aunque en realidad es un servicio privado ofrecido por particulares. Sobre esta confusión semántica intencional, los concesionarios pretenden que un servicio que mantienen bajo control monopólico es de interés superior al de sus propios intereses particulares o privados.

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