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Refresqueras: De la Censura al Espionaje y las Amenazas

Alejandro Calvillo /Sin Embargo (México), 21 Nov

Parece existir un patrón internacional de censura, espionaje y amenazas contra las personas y organizaciones que hemos promovido el impuesto a las bebidas azucaradas. En México, tres personas, un académico y dos miembros de organizaciones de la sociedad civil, fuimos objeto de intentos de espionaje con un sofisticado malware israelita que, hasta el momento, sólo se sabe que fue adquirido por la Procuraduría General de la República.

El espionaje con el malware Pegasus forma parte de una estrategia internacional más amplia de quienes defienden los intereses de la industria refresquera y sus embotelladoras contra políticas que pueden afectar sus ganancias. A través del New York Times se ha dado a conocer las amenazas y censura que ha sufrido una organización de consumidores en Colombia que está promoviendo gravar con un impuesto las bebidas azucaradas, estrategia muy similar a la que se ha seguido en México contra los que hemos promovido una medida similar.

La doctora Esperanza Cerón, directora de Educar Consumidores, relata que todo comenzó con llamadas amenazantes, fallas extrañas en las computadoras de la oficina y personas extrañas vigilándolos. En El Poder del Consumidor, supimos del intento de insertar el spyware en mi teléfono celular únicamente por que teníamos más de dos años con asesoría en seguridad digital. Todo comenzó con lo que la doctora Cerón llama “fallas extrañas en las computadoras”. La desaparición de archivos y correos y otras circunstancias que mostraban un patrón de intervención en nuestros equipos de comunicación que nos llevó a contactar a Socilatik, una organización de la sociedad civil especializada en dar seguridad digital a otras organizaciones civiles.

La doctora Cerón presentó denuncias contra las amenazas de las que comenzó a ser objeto a partir de promover que se estableciera un impuesto a las bebidas azucaradas en Colombia. “Si no se calla la boca, ya sabe cuáles van a ser las consecuencias”, le gritaron unos hombres abordo de una motocicleta que la persiguieron cuando transitaba en su auto por calles de Bogota, golpeándole violentamente su ventana y gritándole.

En México, con una decena de días de por medio, a la encargada de comunicaciones de El Poder del Consumidor le abrieron su auto estacionado para robarle la computadora de la cajuela y a otra persona que labora con la organización en vínculo con los medios de comunicación, estando parada en un alto, llegaron caminando dos hombres y le rompieron el cristal para arrebatarle su computadora. Cuando un evento de este tipo es aislado puede parecer como un hecho común en una nación en la que el delito es algo cotidiano, pero cuando dos eventos similares se suceden con un mismo objetivo, aparecen como parte de un patrón.

Esperanza comenta que este tipo de amenazas eran comunes en Colombia por parte de los carteles de la droga. Sin embargo, como narran los periodistas del New York Times, este no es el caso, el trabajo de Educar Consumidores no afecta los intereses de los carteles de la droga, molesta a la industria refresquera.

Como parte de su trabajo, Educar Consumidores lanzó una campaña para generar consciencia entre la población colombiana de los daños que provoca en la salud el consumo de bebidas azucaradas. La campaña “No te hagas daño tomando bebidas azucaradas”, similar a la que en México lanzamos como Alianza por la Salud Alimentaria, fue censurada.

Respondiendo a una demanda de las refresqueras la Superintendencia de Industria y Comercio prohibió la campaña y fue al extremo de amenazar a las organizaciones que junto con Educar Consumidores estaban lanzando la campaña, con una multa de 250 mil dólares si discutían públicamente los daños a la salud que puede causar el consumo de bebidas azucaradas.

Existe una contraposición absoluta entre las políticas de salud pública frente a la epidemia de obesidad y diabetes y los de las refresqueras. Uno de sus objetivos centrales que se plantea la salud pública es reducir el consumo de bebidas azucaradas, mientras el de la industria bebidas es aumentar sus ventas cada trimestre. En el impuesto a estos productos se da el escenario de mayor disputa. La industria, como lo demuestran documentos internos, reconoce que los impuestos representan la medida más afectiva en reducir sus ventas y, por lo tanto, su consumo http://bit.ly/2iAp8NX . De ahí que empresas como Coca Cola estén gastando cientos de miles de millones de dólares alrededor del mundo para negar el daño de sus bebidas, para comprar científicos a modo, para financiar asociaciones de profesionales de la salud, para influir en los medios de comunicación y generar la percepción de que esta medida fiscal, así como las regulaciones de etiquetado, publicidad, escuelas, no son efectivas.

Como señala el NYT, “el Consejo Australiano de Bebidas escribió en su informe anual de 2016 que combatir el impuesto a las bebidas gaseosas “ha estado consumiendo grandes cantidades de recursos” e indicó que lo aprendido en otros mercados muestra “que este tipo de amenazas deben combatirse constantemente antes de que lleguen a debatirse en un parlamento”. La recomendación internacional es que el impuesto al menos sea del 20 por ciento para tener un resultado significativo. A pesar de que en México nos quedamos a la mitad, con un impuesto del 10 por ciento, la tendencia en el consumo se modificó y dejamos de ser el mayor consumidor de bebidas azucaradas en el mundo, rebasándonos Chile y, muy pronto, Argentina.

En México, la censura en los medios de comunicación la vivimos directamente por los propios medios. Cuando en 2013 tratamos de obtener espacio pagado para meter un anuncio en apoyo al impuesto a las bebidas azucaradas en la televisión abierta, tanto Televisa, como TVAzteca y Milenio TV, en fin, todos los canales nos negaron espacios. Lo mismo ocurrió con la empresa Vendor, propiedad en ese momento de CBS, que tiene una gran parte de los espectaculares en la ciudad de México, nos negó espacio. Revistas y parabuses también negaron el espacio. Todas las empresas que juegan un papel importante en la publicidad de un producto cuyo consumo regular representa un riesgo a la salud, se negaron a dar espacio para una campaña que advertía del daño de ese producto. El tema es que estas empresas hacen uso de un espacio concesionado por parte del Estado y tienen obligaciones para garantizar la no discriminación.

El caso de la censura en Colombia se resolvió recientemente con una resolución de la Suprema Corte de Justicia que dictó en contra de la censura y de la propia Superintendencia de Industria y Comercio, instancia del gobierno colombiano que había actuado en favor de la industria. Esperamos que el poder judicial en México actúe de manera similar frente a las autoridades que han diseñado regulaciones a modo de las empresas, violando el derecho a la salud, el derecho a la información y los derechos de la infancia.

Las grandes empresas refresqueras trasnacionales cuentan con alianzas poderosas en Colombia y en México. En el caso de Colombia la empresa Postobon, embotelladora de Pepsi y productora de otras bebidas, y en el caso de México FEMSA, la mayor embotelladora de Coca Cola en el mundo. Tanto Postobon como FEMSA son empresas que tienen un gran poder económico y político con inversiones en muy diversos sectores. El poder de las trasnacionales refresqueras que pueden invertir 10 millones de dólares para combatir la iniciativa de un impuesto en una ciudad de menos de un millón de habitantes, como lo hiso Coca Cola contra la propuesta del impuesto a estos productos en la ciudad de San Francisco en California, se suma al poder de las empresas nacionales íntimamente ligadas a ellas.

La presión de la industria refresquera sobre los medios de comunicación logró hacer prevalecer las posiciones contra el impuesto en los medios colombianos. El periódico El Espectador fue de los pocos que presentó las posturas en contra y a favor recibiendo una fuerte presión de la industria. Lo mismo ocurrió con Vice Colombia donde se estableció una censura, en principio, contra un artículo a favor del impuesto. En nuestro país, durante años, hemos conocido de la presión que diversas empresas de alimentos y bebidas han ejercido sobre medios de comunicación para que no se nos brinde espacio y/o no se cubra nuestro trabajo.

Andrew Jacobs y Matt Richtel del NYT se preguntaron quién está detrás de las amenazas a los promotores del impuesto en Colombia, como nos preguntamos nosotros quien estaba detrás de los mensajes que recibimos con el malware Pegasus que venían acompañados con amenazas, con ligas, incluso, a la página de Gayosso. Para dilucidar esta situación presentamos una denuncia ante la PGR, junto con un grupo más amplio de periodistas y asociaciones que más tarde denunciaron haber sido objeto de espionaje con el mismo malware Pegasus. Lo paradójico del asunto es que no podíamos presentar la denuncia más que ante la propia PGR que se sabía había comprado este sistema de espionajes. Si en Colombia la Superintendencia había servido a los intereses de la industria refresquera, como lo hizo en México COFEPRIS con las regulaciones de etiquetado y publicidad, dictadas por la industria, la hipótesis de que alguien dentro de la PGR o desde arriba, hubiera indicado el uso del malware contra nosotros no es nada descabellada.

Jacobs y Richtel acudieron ante la industria colombiana de bebidas para preguntar si tenían que ver con estas amenazas. La respuesta fue que desconocían esta situación. Reportan que el propio Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas, que abarca a las empresas de bebidas de todo el mundo y se opone a los impuestos, se negó a responder directamente si sus aliados colombianos estaban relacionados con el acoso, pero condenó estos actos. Lo mismo declaró ConMéxico, la asociación empresarial mexicana que ha llevado la estrategia contra el impuesto a las bebidas, el etiquetado frontal, la publicidad dirigida a la infancia y contra la regulación de alimentos y bebidas en escuela.

Del espionaje no sabían nada.

Link http://www.sinembargo.mx/21-11-2017/3353932

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