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Prematuro, desaparecer hospitales psiquiátricos en México

Claudia Vega Michel, académica del Doctorado Interinstitucional en Investigación Psicológica del ITESO, no ve que en este país estén dadas las condiciones necesarias para hacer el cambio.

Los hospitales psiquiátricos asilares, a los que la gente llega, en muchos casos, para quedarse a vivir para siempre, encerrada y alejada del resto de la sociedad, deben desaparecer. Esta medida no es nueva: en países como España e India dio muy buenos resultados, porque tiene que ver con la rehabilitación, la reinserción y el respeto a los derechos humanos de estas personas. El problema es que, antes de tomar esta decisión en México, se deben tener resueltas situaciones que persisten y de las que las autoridades no hablan de forma clara y puntual.

El pasado 16 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. En dicho decreto se especifica que se atenderá a estos pacientes con un enfoque comunitario y dejarán de existir los hospitales psiquiátricos, mismos que serán sustituidos por clínicas de atención integral. En esencia, la iniciativa plantea modificar el paradigma de cuidados a estas personas para que se les permita ser parte activa y funcional de la sociedad.

Lo anterior se lee muy bien en el papel. En la práctica, parece una idea prematura.

Claudia Vega Michel, profesora del Doctorado Interinstitucional en Investigación Psicológica del ITESO, está a favor de la iniciativa federal, pero considera que en este país no están dadas las condiciones necesarias para hacer el cambio. México no está preparado.

En primer lugar, dice, todos los hospitales generales, públicos y privados, tendrían que contar con un área de atención especializada en trastornos mentales. Además, habría que orientar y capacitar a los familiares para que puedan apoyar y contener a los pacientes desde sus hogares.

La adherencia a los tratamientos médicos se vuelve un obstáculo más, debido al desabasto de psicofármacos que se vive actualmente en el país. La mayoría de quienes padecen trastornos mentales pueden ser funcionales y mantenerse estables si se apegan al uso de los medicamentos. Esto ayudaría a que cada vez menos pacientes presenten crisis que los lleven a la necesidad de ser internados en este tipo de instituciones.

En México, la gente tarda entre ocho y 20 años en recibir un diagnóstico: “Tenemos que tener una infraestructura grande para la prevención, pero también de intervención”, señala la investigadora.

“Todavía tenemos muchas personas que viven en estos lugares por abandono, en este tipo de espacios que están lejos de todo, en la periferia de la ciudad, por donde no pasa nada ni nadie. El modelo de atención es medicalizar a las personas y dejarlas encerradas. Se quedan ahí porque los familiares ya no saben qué hacer con ellas, no las aguantan y las ‘depositan’ en estos lugares”, explica.

La especialista comparte que tiene muchas preguntas a propósito del decreto. Lo que más le preocupa, remarca, es qué va a pasar con todos aquellos que ahora viven en los hospitales psiquiátricos: “Esa gente lleva muchos años ahí. Sus familiares ya no están. Unos ya murieron. Unos llegaron desde muy pequeños y ahí han crecido y ahí han vivido. Mi pregunta es: ¿qué va a pasar con esas personas? Esos hospitales son su casa: ¿a dónde van a ir?, ¿quién los va a cuidar?, ¿quién se va a hacer cargo de ellos?”.

La académica considera que es importante hacer, de forma previa, un censo para conocer cuántas personas tienen como hogar una clínica de salud mental y definir qué se hará con ellas: “Hay que ver a dónde podríamos mandarlas. Quién podría tenerlas y hacerse cargo, porque ¿qué va a pasar?, ¿las van a echar a la calle?, ¿ahora vamos a tener muchas más personas en situación de calle?”.

Vega Michel resalta como un aspecto positivo del decreto la parte donde se llama a vigilar y a respetar los derechos humanos de los pacientes: “Me parece que todavía hay muchas faltas en este sentido. Aunque también está la contraparte, como cuando hablan desde el desconocimiento. Por ejemplo, en el decreto se dice que todas las personas deben dar su consentimiento para iniciar tratamiento o para ser internadas, y pues alguien que está en medio de un brote psicótico no puede decidir esto. No puede dar su consentimiento. Un paciente con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide no va a querer firmar un documento para darle el aval a alguien más sobre su persona, si parte de su sintomatología tiene que ver con la paranoia. También hay que revisar eso”.

La experta sugiere que, dentro de los trabajos previos a poner en práctica la iniciativa, sería bueno tomar modelos de países en vías de desarrollo, como India, en donde capacitan a enfermeras comunitarias para dar seguimiento a quienes son atendidos desde sus casas: “Hay visitas programadas de las enfermeras psiquiátricas a las casas de las personas para supervisar que sí se estén tomando el medicamento. Cuando la familia entiende que su familiar está mal porque está escuchando voces, que no es que no le esté prestando atención, y entiende cómo

manejar eso, cómo tratarlo, y en qué momento pedir ayuda, una ambulancia, a su psiquiatra, psicólogo o trabajador social, entonces el tratamiento se vuelve más eficiente, más integral, y también es mejor calidad de vida para la familia”, explica la académica.

También es de suma importancia prevenir, desde la infancia, que las personas con ciertos trastornos lleguen a sufrir brotes psicóticos sin tener conocimientos sobre su condición: “La prevención tiene que ver con una educación más allá de lo académico. Con involucrar a las familias. Con tener espacios para que las familias tengan apoyo en estas etapas del desarrollo, que son críticas. Con que las escuelas estén capacitadas para atender a los niños que tienen trastornos, e incluso retraso en el desarrollo. Hay que aprender a ver cómo los vamos integrando, desde pequeños, a vivir una vida como las demás personas”.

Durante la pandemia por la Covid-19, 70 por ciento de la población que tuvo alguna enfermedad grave también sufrió de otras comorbilidades, entre las que se encuentran las relacionadas con la salud mental.

 

 

Por  ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara

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