Código Tlaxcala
“Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural”. Kofi Annan
b2

Los Criminales no Abrazan / F.A. Crisanto (Impacto)

 

Un juez federal que llevaba asuntos penales en Colima fue ejecutado, con su esposa, el martes pasado.

Uriel Villegas Ortiz, juez de distrito que dictaminaba casos de narcotráfico, particularmente del Cártel de Jalisco Nueva Generación, huachicol, delincuencia organizada y lavado de dinero, fue asesinado a las puertas de su casa. El doble crimen ocurrió a plena luz del día, frente a sus hijas, de 3 y 7 años de edad, y una trabajadora del hogar.

Los sicarios, que no dieron abrazos, huyeron.

Tan grave es el caso que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar, calificó, el miércoles, como “crimen de Estado” el asesinato del juez federal Villegas Ruiz. “Que no haya duda que este es un crimen de Estado, y que cuando hay un crimen de Estado, todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado”, precisó.

“Aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no cabe ninguna otra distracción, y estaremos muy atentos a cómo se vienen desenvolviendo estas investigaciones”.

En todo esto hay una pregunta válida: ¿Por qué no tenía escolta el juez que atendió casos importantes en Jalisco, y lo hacía en Colima?

BANNER AYUTLAX 2020

Trasciende, pero aún hay dudas sobre los documentos que lo demuestren, que él solicito el retiro de la vigilancia; aun así sabemos, por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que será necesario implementar protocolos para proteger a los jueces, magistrados y ministros, y no permitir que la violencia inhiba la aplicación de la Justicia federal.

Legalmente, el Consejo de la Judicatura Federal decide quién de sus integrantes tiene escolta y le informa al Servicio de Protección Federal, el cual cuenta con unos 8 mil elementos y se encarga de custodiar instalaciones estratégicas y proteger a funcionarios públicos, algunos periodistas y defensores de derechos humanos.

Se asigna y retira, en su caso, la escolta a petición de las dependencias e instancias correspondientes. El año pasado, el Consejo de la Judicatura recibió 303 solicitudes de custodia y autorizó 199, particularmente, en Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Guerrero y Edomex; al parecer en Colima no.

Lo interesante es quién es el responsable del Servicio de Protección Federal, y resulta que ese cargo lo ostenta el ex panista Manuel Espino, actual comisionado de Protección Federal. Si hay un funcionario responsable de otorgar la custodia a un juez es, precisamente, un hombre de poder con origen y vinculación con la derecha y el conservadurismo, que tanto fustiga el presidente de México.

Uriel Villegas era un juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en la capital de Colima. Son jueces que llevan las audiencias preliminares y ordenan aprehensiones, bajo el nuevo sistema penal acusatorio, por delitos federales, como narcotráfico, huachicol, delincuencia organizada y lavado de dinero. Todos los jueces federales que llevan asuntos penales, en teoría, tienen asignados vehículos blindados y escoltas.

Medios locales informaron que el atentado ocurrió hacia las 11:30 horas. Los sicarios realizaron más de 20 disparos contra sus víctimas. Villegas y su esposa fueron ejecutados en presencia de sus dos hijas, menores de edad, y la empleada doméstica, al salir de la residencia que apenas habían rentado, pues el juez fue readscrito de Jalisco a Colima en enero pasado.

Uriel Villegas nació en Ciudad Juárez y era juez de Distrito desde marzo de 2017.En marzo de 2018, cuando era Juez Sexto de Procesos Penales Federales en Jalisco, ordenó trasladar al Cefereso de esa entidad a Rubén Oseguera González “El Menchito”, quien estaba preso en Oaxaca y es hijo del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera. El traslado no se concretó.

Es el primer juez federal ejecutado desde octubre de 2016, cuando Vicente Bermúdez Zacarías fue asesinado a tiros en una calle de Metepec, Estado de México.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (ANMCyJDPJF) pidió revisar los protocolos de seguridad de los impartidores de justicia y darles garantías para que puedan llevar a cabo su labor. El tema sacudió al Poder Judicial de la Federación y puso en un brete al Presidente de la República, quien no sólo les ha escamoteado salarios y prestaciones, sino también, por austeridad, reducido presupuestos para brindarles seguridad a quienes imparten Justicia y tienen en los criminales a verdaderos enemigos, quienes se convierten en sus verdugos.

El 1 de febrero de 2020, el Consejo de la Judicatura designó a Uriel Villegas como Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Colima. No fue un funcionario judicial específico quien pudo enviarlo a esa entidad, sino que, forzosamente, su nombramiento tuvo que ser aprobado por la Comisión de Adscripciones.

Su envío a Colima era extremadamente peligroso, dado que Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima, son los polos de mayor control territorial de Cartel de Jalisco Nueva Generación.

¿Quién autorizó que se enviara el oficio al Servicio de Protección Federal en donde se ordenaba retirarle la escolta a Villegas?

Fue la Comisión de Vigilancia, a cargo de Jorge Cruz Ramos, Consejero de la Judicatura. Circula un oficio firmado por Villegas, con fecha del 21 de febrero de 2019, en el cual solicitó que se le retirara el esquema de protección personal (Suburban blindada, seis elementos armados y chaleco blindado). El oficio de febrero de 2019 lo firmó la víctima en su carácter de “Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco”.

Resulta interesante que en esa fecha que “firmó” su oficio, su propio Currículo Vitae del Poder Judicial de la Federación apunta que: “(ha sido) Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, con Residencia en Colima”. “Ocupa el cargo de Juez de Distrito a partir de marzo de 2017”.

Hay indicios de que las cosas comenzaron a ponerse difíciles cuando el juez Villegas negó el amparo a una de las esposas de Nemesio Oseguera, Rosalinda González Valencia, en Guadalajara. Cuando ocurrió lo del caso de Nemesio hijo, sólo fue cuestión de tiempo para que algo ocurriera.

Una pregunta queda en el aire: ¿Por qué le retiró Jorge Cruz Ramos el dispositivo de seguridad y envió al juez Uriel Villegas a Colima a lo que fue “una muerte fatal segura?”.

Este es un caso de esos, en los que la fórmula de dar abrazos y no balazos no funciona. Los sicarios no tienen el menor escrúpulo o sentimiento para cumplir las órdenes de sus jefes, que son criminales dispuestos a todo, menos a perder sus negocios y su libertad.

Estamos ante una realidad atroz -como sucede con los médicos que atienden a los enfermos de Covid-19 y no tienen bases, prestaciones ni seguridad-; ahora, los jueces que deben ser imparciales al sancionar a los delincuentes saben que pesa sobre ellos la amenaza de perder la vida, como ocurrió con Uriel Villegas.

El Estado Mexicano tiene, ante sí, el reto de actuar de inmediato y dar con los responsables, e impedir que acciones como la ya expuesta inhiban a los impartidores de Justicia.

Confirmado, los criminales disparan balazos a matar; no dan abrazos.

 

PERFIL DE UN CAPO MEXICANO

 

 

[email protected]

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Alberto Crisanto

 

ENLACE

Los criminales no abrazan; matan / Fernando Alberto Crisanto, Impacto (México), Junio 21

- Publicidad -

- Publicidad -

- Publicidad -

¿Qué opinas?
Cargando...