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Nicolás Wiñazki /Clarín.com (Argentina), 30 Mayo
Hasta no hace muchos años, cuando los actuales gerentes de sucursales de banco entraban en esas entidades a trabajar en el rango más bajo de los escalafones de empleados, recibían un manual de instrucciones que tenía entre sus primeros capítulos uno dedicado a las alertas que debían tener frente a posibles operaciones de “lavado de dinero”.
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Uno de los bancos más importantes que aún opera en el país, con sede central en España, ilustraba esas advertencias en los libros con la foto de un hotel.
En 2006, Néstor y Cristina Kirchner, una pareja de “setentistas” que ocupaba la Presidencia de la Nación y lo haría por nueve años más, compró el primero de los cuatro hoteles que tendrían en El Calafate y El Chaltén, Santa Cruz. Esa repentina pasión por el negocio turístico que usó el crimen organizado para blanquear dinero fue una matriz que, según los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, también fue utilizada por los K para lavar dinero de origen ilícito.
En el rotundo dictamen en el que estos investigadores judiciales piden que declaren en indagatoria los miembros de la familia ex presidencial se detalla no sólo cómo eligieron a su socio Lázaro Báez para alquilarle tres de esos emprendimientos capitalistas. También demuestra cómo Néstor Kirchner compró el hotel insignia de su cadena, el Alto Calafate, explotado en los papeles por la sociedad Hotesur, sin invertir fondos propios. Fue con la ayuda del Banco de Santa Cruz, la provincia quebrada que hoy gobierna su hermana.
La entidad bancaria, cuyo síndico era y es el contador de su familia, le otorgó préstamos muy favorables y lo benefició con plazos fijos con tasas extraordinarias que jamás obtuvieron otros clientes.
Pollicita y Mahiques escribieron un dictamen rotundo, documentado, con infinidad de pruebas que demostrarían cómo los Kirchner crearon su holding hotelero con el único fin de utilizar sus hoteles para alquilárselos a un único cliente dispuesto a “perder” dinero con esas rentas: Lázaro Báez.
En rigor, la última frase es una falacia. Si bien el socio de los K -en éstos y en otros negocios- alquiló emprendimientos turísticos que generaban pérdidas, los fiscales explican con pruebas cómo Làzaro era financiado con contratos de obra pública que le otorgaban los Kirchner desde la Casa Rosada, formando así un flujo de fondos con un solo perjudicado: el Estado.
Los investigadores aseguran que el delito precedente para indagar a los Kirchner por el delito de lavado de dinero agravado es justamente el de la defraudación al fisco.
El dictamen que adelantó Clarín sobre este caso se ocupa además de enumerar otras irregularidades de esta trama. Por ejemplo, cómo fue qué Báez intentó demostrar que mientras alquilaba los hoteles K éstos eran utilizados por sus constructoras para que duerman allí empleados que trabajan en obras públicas. La realidad muestra que eran personas que trabajaban a cientos de kilómetros de El Calafate y El Chaltén.
La causa Hotesur se inició tras una denuncia judicial que presentó en la Justicia la diputada Margarita Stolbizer (GEN), después de un informe sobre el caso difundido por PPT, el programa de Jorge Lanata de canal 13. La legisladora y su abogada, Silvina Martínez, aportaron pruebas desde el inicio de la pesquisa.
El primer juez que indagó sobre el tema, Claudio Bonadio, fue apartado por la Cámara Federal después de allanar las empresas de los Kirchner en Santa Cruz. La información no había llegado aún a su juzgado y él ya había sido apartado de la instrucción del expediente.
Las pruebas que recolectó igualmente estaban ya bajo guarda judicial, a pesar de que algunas de ellas podrían haber sido manipuladas en el lapso de tiempo en el que el expediente “Hotesur” fue investigado por el juez Daniel Rafecas, quien explicó que él no tuvo responsabilidad de esas maniobras dilatorias e irregulares, que incluyeron falsificación de firmas en los libros de la sociedad hotelera principal de los K.
Uno de los camaristas que votó en 48 horas que Bonadio debía dejar de investigar los negocios de la familia ex presidencial fue Eduardo Freiler, acusado en el Consejo de la Magistratura por no poder justificar el crecimiento de su patrimonio. En ese organismo, que regula el accionar de los magistrados, lo defienden los consejeros del kirchnerismo.
Freiler es primo político de un personaje central del caso Hotesur. Se llama Patricio Pereyra Arandía: fue directivo de una de las sociedades bajo sospecha y está casado con una de las hijas de Alicia Kirchner. Freiler fue recusado por las denunciantes Stolbizer y Martínez, acción que el camarista rechazó.
Los lazos de sangre, y los fallos de Freiler a favor de los Kirchner, como siempre ocurrió cuando le tocó decidir cuestiones jurídicas en esta trama hotelera, explican quizás por qué sigue en su cargo.
Pollicita y Mahiques pidieron la indagatoria de la familia Kirchner por el delito de lavado de dinero agravado. El Código Penal prevé penas que van de 3 a 10 años de cárcel.
La defensa de los Kirchner ante las denuncias en esta trama variaron: primero dijeron que su hotel Alto Calafate era “familiar” y aseguraron que de haber irregularidades eran solo “administrativas” y después hasta afirmaron que no tenían hoteles, sino que eran dueños de propiedades que se alquilaban con distintos fines.
Eran explicaciones públicas.
Ahora, según aseguran fuentes del caso a Clarín, Ercolini aceptará el pedido de Pollicita y Mahiques y, entonces, sus defensas deberán ser declaradas en los tribunales.
En calidad de imputados.
Link https://www.clarin.com/politica/dictamen-fiscales-cristina-kirchner-manual-lavado-dinero_0_Bk3eddoW-.html