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Actuación de la PGJE pone en riesgo la libertad de expresión en Tlaxcala

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Contraria a la apertura que hasta el momento ha mostrado el titular del Ejecutivo, bastaron unas horas para que el nuevo procurador Aarón Pérez Carro y su personal de la Procuraduría General de Justicia, dieran muestras de una peligrosa cerrazón para la libertad de expresión en Tlaxcala.

Tras el lamentable accidente que ocurrió la tarde de este jueves en la autopista Tlaxcala-Texmelucan a la altura de Tizostoc, donde fallecieron siete ciudadanos tlaxcaltecas y otros once más resultaron heridos.

Resulta que de la PGJ de inmediato surgió la orden, como en todo tipo de accidente o delito, delimitar el área, para mantener a distancia a la gente que nada tiene que hacer y que solo va a mirar.

Pero en este percance la actitud hostil contra algunos representantes de los medios de comunicación fue marcada, de entrada se colocó a lo lejos la cinta amarilla, la cual nadie puede traspasar sin ser contenido.

Policías estatales y municipales recibieron la orden de evitar a toda costa que los reporteros realizaran su trabajo y de manera ridícula cada cuerpo que era rescatado, lo mismo que los heridos eran protegidos por un círculo humano con uniformes.

El colmo fue al arribo de los peritos del Servicio Médico Forense, quien sin ser autoridad competente corrieron a los reporteros y alegaron que eran órdenes superiores, se entiende que del nuevo procurador, porque nunca había pasado eso.

Un accidente es una tragedia, pero en este caso en particular la prepotencia de los elementos de seguridad fue más allá de sus atribuciones, lo malo es que esa cerrazón afecta directamente a las familias y viola sus derechos humanos al negarles información sobre sus familiares accidentados.

Es claro y evidente que se carece de protocolos que se deben de aplicar en estos casos, pero el mal ejemplo cundo y en SESA es la hora en que no se dan a conocer los nombres de las personas fallecidas y heridas.

Esta situación de ocultar los nombres como secreto de estado, solo causa pena y zozobra entre las familias, quienes ante este muro de silencio no saben si su familiar vive o muere.

Es urgente que se brinde capacitación a todo este personal que atiende las emergencias, que se vuelve una gallina sin cabeza en caso de un accidente, no hay coordinación todos gritan y eso señores y señoras es incapacidad.

Lo mismo ocurrió durante la reciente intoxicación de niños en el internado “José Amarillas”, donde ante la desesperación de los padres se ocultaban los nombres de los niños y ante la desesperación de los padres se negaban a dar los nombres de los hospitales a donde fueron llevados.

No es posible que se nieguen las garantías necesarias que requieren las y los reporteros, que no acuden a los accidentes y contingencias por morbo, sino para realizar una labor informativa específica.

No es posible que los elementos de la CES, la PGJ, SESA. de Protección Civil y policías municipales vean a los representantes de la prensa como a sus enemigos, porque al obstaculizar la labor periodística, atentan contra el derecho de los tlaxcaltecas a ser informados con oportunidad y veracidad.

Ojalá y lo ocurrido en este jueves, luego del mortal accidente, sirva para que el procurador que recién acaba de llegar enderece el camino, para que entienda que con esas actitudes de cerrazón no lastima a los reporteros, sino a la sociedad en general AL NEGARLE SU DERECHO DE SER INFORMADO CON OBJETIVIDAD Y OPORTUNIDAD.

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