José Buendía Hegewish /Excélsior (México), 22 Oct
La mayor trama de corrupción en América Latina yace en las galerías subterráneas de la justicia mexicana como un artificio, un dolo, una confabulación para perjudicar, pero su investigación no parece dispuesta a descubrir posibles delitos y castigar a responsables. Desde principios de 2017 comenzaron a salir a la luz las operaciones de Odebrecht en México e indicios de irregularidades en contratos con Pemex, pero es el único país entre los que indagan su política de sobornos que no ha logrado fincar sanción contra la constructora brasileña, ni a posibles autoridades implicadas. Las instituciones parecen estar a su merced o alineadas hacia otros fines distintos a la impartición de justicia.
El primer pronunciamiento sancionador de una institución mexicana contra Odebrecht se frustró esta semana cuando un secretario en función de juez admitió un amparo de la empresa contra tres de los ocho procedimientos que investiga la SFP en contratos con Pemex. La SFP recurrirá la suspensión definitiva, pero lo cierto es que la demanda significa diferir el asunto un año al cabo de la actual administración.
Desde que la ASF encontró en la cuenta pública de 2015 indicios de irregularidades en dos contratos de 2014 entre Odebrecht y Pemex, la petrolera y SFP abrieron expedientes que a la fecha no han dado resultado de sus pesquisas. En diciembre pasado, ejecutivos de la compañía confesaron haber dado a Emilio Lozoya, extitular de Pemex, 10.5 millones de dólares cuando era responsable de asuntos internacionales de la campaña de Peña Nieto, que en parte pudieron ir a la contienda presidencial de 2012 en un modus operandi similar a las tramas de corrupción de Odebrecht en media docena de elecciones latinoamericanas. La PGR y la Fepade tampoco han ofrecido avances de la investigación, ni consignaciones, mientras en Latinoamérica ya han alcanzado al presidente brasileño Michel Temer, los exmandatarios Dilma Rousseff y Lula, a los peruanos Ollanta Humala y Alejandro Toledo, el colombiano Juan Manuel Santos, Ricardo Martinelli, de Panamá, y Mauricio Funes, de El Salvador.
En las antípodas de la certeza y transparencia, el exprocurador Cervantes se despidió del cargo con la advertencia de dejar lista la “bomba” Odebrecht y que pronto se consignaría en tribunales, un anuncio más propicio al escándalo que garantía de justicia. En el descontrol institucional de su salida, el titular de la Fepade, Santiago Nieto, denunció presiones de Lozoya para declararlo inocente por posible financiamiento ilícito de la campaña de 2012, aunque sin ofrecer tampoco avances de la investigación.
Por ello, Nieto recibió un cese fulminante, en medio de la condena de oposición, Coparmex y ongs que no hace más que reforzar el temor por el manejo de la justicia como venganza o castigo político.
El cadáver insepulto de Odebrecht está en los armarios de la justicia, pero cerrado a cal y canto por las maniobras jurídicas de la empresa para evitar una sanción impune por la denigración del Ministerio Público cuando convierte sus indagatorias en canales para la sospecha, la conspiración, la delación y el ajuste de cuentas.
El Senado tiene diez días para objetar la destitución de Nieto y reinstalarlo en ese y otros casos que también investigaba contra los exgobernadores Borge, de Quintana Roo, y Duarte, de Veracruz, por desvíos de fondos a campañas del PRI. Aunque eso no asegura salir del leprosario de la justicia por investigaciones sin fallo ni culpable, tampoco ahuyenta el temor de que en muchos casos como Odebrecht simplemente no se ha hecho ni puede esperarse nada. ¿A quién y por qué le importa realmente la justicia en el caso Odebrecht?
La ineficacia de la justicia y el cese de Nieto refuerzan para algunos la necesidad de la Fiscalía General autónoma, mientras que el presidente Peña Nieto no ve condiciones políticas para acordar un fiscal independiente por la trama electoral hasta después de las elecciones de 2018.
Link http://www.excelsior.com.mx/opinion/jose-buendia-hegewisch/2017/10/22/1196316
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