Entrega de Ayuda Humanitaria Desde Colombia Pondrá a Prueba Esta Semana Unidad de Militares Chavistas
La Asamblea Nacional (AN), el último parlamento elegido mediante elecciones libres en Venezuela, aprobó este martes una ley prevista para regular la transición del país una vez Nicolás Maduro sea apartado del poder.
La Ley del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia y el Restablecimiento de la Constitución, aprobada por la mayoría opositora del congreso, estipula la duración del Gobierno transitorio y sus competencias políticas y económicas.
El Estatuto establece la realización de elecciones libres en el término de un año, contado desde la instalación del Gobierno de transición. Y al fin de garantizar unos comicios democráticos, ordena la renovación de los poderes públicos, particularmente el electoral.
La Ley del Estatuto aprobada por la Asamblea Nacional coincide con el reconocimiento del joven ingeniero Juan Guaidó, ayer lunes, como presidente encargado de Venezuela por las principales democracias europeas, incluido el presidente español Pedro Sánchez.
El Estatuto faculta al Gobierno de transición también para dictar leyes que permitan atender la emergencia humanitaria del pueblo venezolano; y leyes que promuevan la economía de un país que desde 2013 ha perdido en torno a la mitad del PIB, según diversas estimaciones.
El gobierno paralelo de Juan Guaidós autorizó el ingreso de ayuda humanitaria internacional en alimentos y medicinas, un paso rechazado por Maduro. El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, analizó hoy en reunión privada con el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo la ruta para ingresar la ayuda, presumiblemente el puente de Tienditas entre Colombia y Venezuela.
La Ley del Estatuto faculta además a la propia Asamblea Nacional para asegurar «el ejercicio efectivo de los derechos a la libre postulación a cargos de elección popular y al sufragio», en clara alusión a la inhabilitación política que pesa sobre opositores al chavismo como Henrique Capriles, dos veces candidato a la Presidencia, y el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.
El texto de la ley consta de 6 capítulos y 40 artículos. Cuatro añadidos al último, autorizan al poder Legislativo para para controlar activos recuperados a chavistas enriquecidos; nombrar a directivos de la petrolera PDVSA y sus filiales; establecer una «gaceta» informativa, y resolver en lo no previsto.
El diputado y exjefe de la Cámara, Omar Barboza, calificó el documento de «indispensable». Dijo que establece «la ruta jurídica y política» para que la transición del régimen chavista se haga «respetando el marco constitucional».
Más de 50 países encabezados por Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Canadá y Brasil apoyan a la golpeada oposición venezolana que contra viento y marea logró mantener un refugio en la Asamblea Nacional.
La AN considera como ilegítima e inconstitucional la segunda jura presidencial de Maduro, quien cuenta con el respaldo de la Guardia Nacional Bolivariana y los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Rusia, China, Bolivia, Irán y Turquía.
A lo anterior se suman evidencias bien documentadas en cortes de Estados Unidos, proporcionadas entre otros por el empresario Raúl Gorrín y un extesorero de Hugo Chávez, el tuerto Andrade, acerca de un saqueo increíble de los miles de millones de dólares provenientes de PDVSA, el Pemex de Venezuela, así como implicaciones de altos personeros bolivarianos con el narcotráfico.
Lo anterior es apenas la cereza de un gobierno que ha fracasado rotundamente en economía, seguridad, derechos humanos, respeto a la ley, educación, salud pública y pobreza.
ORIGEN DEL CONFLICTO
Las democracias que apoyan a Juan Guaidó advirtieron a Maduro con anticipación que no debía jurar el cargo como finalmente hizo el pasado 10 de enero.
Desde los comicios de mayo, reprobados por todos los opositores internos, incluso el candidato Falcón, una abrumadora cantidad de gobiernos –también el México de Peña Nieto- los desconoció haciéndose eco de la oposición a Maduro, debido a la proscripción de candidatos opositores, las evidencias de control sobre los poderes electoral y judicial, irregularidades documentadas a lo largo del proceso electoral y el día de las votaciones, el 20 de mayo.
Así, al asumir el cargo pese a todo el pasado 10 de enero, Maduro puso a prueba el compromiso de las naciones de América y Europa con la democracia no simulada y las libertades de los pueblos a elegir libremente sus gobernantes.
Consumada la usurpación de Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó asumió la titularidad del cargo de presidente encargado.
Los legisladores y Juan Guaidó han basado sus acciones en tres artículos de la Constitución, el 233 referido a la ausencia absoluta de un Presidente legal de la República, y los artículos 333 y 350, relativos el primero a la desobediencia civil y el segundo a la defensa de la Carta Magna.
Con información de El Nuevo Herald, El País y Diario Las Américas.
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