“En la región de la cuenca del alto Atoyac hay una grave devastación socioambiental generada por los desechos tóxicos de empresas y otras descargas en los afluentes del río Atoyac, con la anuencia del Estado, presentándose contaminación en aire, agua y tierra, con daños que han derivado en enfermedades, muertes y afectaciones a la vida comunitaria.”
La denuncia anterior acompaña una invitación a solidarizarse con la defensa del río; y también a meter presión sobre un foro convocado para el lunes por la secretaría federal de Medio Ambiente (SEMARNAT).
A través de un comunicado, el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local, una asociación civil tlaxcalteca de orientación cristiana, advierte que dicho foro federal “nos parece una simulación de parte de las autoridades y dependencias”.
Al respecto, la ong sugiere a los foristas que “retomen” un informe propio intitulado “Propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades”. (Documento aquí)
En otra parte, el centro Fray Julián Garcés pide a la población en general solidarizarse “tomándote una foto con un mensaje de apoyo y publicándola en tus redes sociales justo el lunes 11 de octubre, etiquetando a la CONAGUA, la SEMARNAT, la CNDH, la COFEPRIS y los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, usando los hashtags #CumplimientoEfectivoRecomendacionCNDH #SaneamientoConLasComunidadesAtoyacZahuapan”.
El foro de la SEMARNAT fue convocado el pasado 27 de septiembre, con el objetivo de “recabar propuestas, opiniones, y planteamientos sobre la forma de dar cumplimiento a la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 10/2017 sobre los derechos humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Zahuapan, Xochiac y sus afluentes”. (Consultar la Convocatoria)
Las riberas del Atoyac comienzan en las sierras de Puebla y se extienden casi 200 kilómetros, poblados por más de 2.3 millones de tlaxcaltecas y poblanos.
Una investigación de Derechos Humanos (CNDH), concluyó en 2017 que el río (cuya carga de arsénico aniquiló la vida acuática) fue “abandonado por las autoridades federales, estatales y municipales, al menos desde 1995, las cuales lo dejaron a merced de industrias y poblados que descargan en él una lista abrumadora de contaminantes”.
