con información de El Sol de Tlaxcala
Este miércoles seguramente perderé a dos o tres de mis escasos lectores porque hablaré de periodismo. Espero su comprensión porque en estos complejos tiempos el tema lo amerita.
En las aulas los maestros nos instruyeron que “el periodista no es el protagonista de la información, el contenido siempre es lo importante”.
Pero no nos enseñaron qué hacer al dar a conocer alguna información que resulte incómoda o evidencie las corruptelas de los grupos de poder, y mucho menos cómo reaccionar ante las amenazas e intimidaciones, o bien la muerte como ocurre en otros estados del país.
Más allá de las cifras (30 periodistas muertos en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y 150 del año 2000 a la fecha, de acuerdo con la asociación internacional Artículo 19), el asesinato de un periodista constituye un atentado contra la sociedad al tratar de silenciar uno de sus fundamentales derechos: la libertad de expresión.
Experimentados comunicadores afirman que en México corre más riesgo el periodista que investiga un asesinato y no el criminal que lo cometió, gracias a las redes de protección.
En el caso Tlaxcala –por ejemplo- corremos más peligro los reporteros que tratamos de documentar la delincuencia organizada que es la Trata de Personas con fines de explotación sexual, que los castigos hacia quienes la cometen ante los ojos de la autoridad, silencio que refuerza el clima de impunidad.
Por esa y muchas causas más, México es considerado como uno de los países más peligrosos para dedicarse al periodismo y este 2022 empezó como un año terrible y sangriento para el gremio con cinco decesos en menos de 45 días.
“Temo por mi vida”, le dijo hace tres años Lourdes Maldonado al presidente de la República en Palacio Nacional. Una bala le dio la razón el pasado 23 de enero al ser asesinada en su natal Tijuana, Baja California.
Los homicidios de cinco compañeros periodistas en este año y las agresiones sistemáticas al gremio tras la revelación de un presunto conflicto de interés por el reportaje de la llamada “Casa Gris”, que involucra a José Ramón López Beltrán, primogénito de AMLO, sacaron del letargo a una sociedad apaciguada que salió en defensa de la libertad de prensa.
Las agresiones sistemáticas lograron lo impensable, unir a periodistas pese a sus naturales diferendos para protestar y sentenciar a una sola voz que: “no se mata la verdad matando periodistas”.
VOTO DE CONFIANZA
La reciente publicación en el Periódico Oficial del Estado del decreto que da vida a la Oficina Local para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas representa un avance en Tlaxcala y tiene un voto de confianza del gremio.
No obstante, el nuevo titular deberá contar con independencia en su actuar, de lo contrario corre el riesgo de convertirse en una oficina decorativa de la Secretaría de Gobierno.
Al recién asignado responsable de la defensoría de periodistas, Leonel Tlalmis Robles, me une una amistad fraterna y seguro estoy que hará un trabajo acorde a sus principios, pues el 1 de marzo de 2005 ambos vivimos en carne propia lo que representa ser agredidos por la autoridad, episodio bien recapitulado por el periodista Fabián Robles Medrano en su columna de opinión de ayer 22 de febrero de 2022 (https://farotlax.com.mx/?p=5683). Sin embargo, de no cumplir con la tarea encomendada, la historia lo juzgará. Al tiempo.
HIJO INCÓMODO
Bien dicen en política que las comparaciones no son buenas… ¡ah pero cómo ayudan a entender el contexto en el que nos encontramos!
A nivel nacional la conversación pública es –y seguramente seguirá siendo- el caso del presidente López Obrador y su hijo incómodo. Y como “lo que es arriba es abajo” –según uno de los principios del Kybalión- en Chiautempan el presidente Gustavo Jiménez Romero también tiene a su hijo incómodo.
Quienes conocen más a fondo el tema no saben si Juan Carlos Jiménez está del lado de su padre o en su contra, pues el ahora conocido como #LordMoches ya sacó el cobre y exige que en todo acuerdo celebrado por el Ayuntamiento se le tome en cuenta para pedir su respectiva participación económica, como ocurre en seguridad, obras y ahora que serán adquiridos los parquímetros.
Lo peor no es eso, sino que el alcalde, síndica, regidores y presidentes de comunidad son sumisos y se dejan intimidar por quien ni un nombramiento oficial tiene. ¡Ver para creer!
