Manuel Corao /El Nuevo Herald (E.U.), 22 Ene
El período de mando de Nicolás Maduro como presidente encargado y luego constitucional hasta nuestros días, está signado por hechos extraordinarios nunca antes observados en la historia política de los gobiernos en América Latina.
La decisión de Donald Trump al afirmar que no dejará que la democracia en Venezuela sea burlada, era una amenaza oculta hasta ahora. El vicepresidente Mike Pence ha dejado claro recientemente que la nación del norte hará todo cuanto está a su alcance para que los venezolanos se liberen de la tiranía comunista.
La amenaza ahora es un ultimátum que inicia su cuenta regresiva a partir de este 23 de enero.
Maduro, dictador en Venezuela desde el 2013 fue sentenciado por la Asamblea Nacional por usurpar las funciones de jefe de Estado en cuyas obligaciones cesó el 10 de enero del 2019.
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Ante la pretendida continuidad, más de 50 naciones del mundo, la Unión Europea, el Grupo de Lima y la OEA declaran írritas las elecciones presidenciales realizadas en Venezuela en mayo del 2018.
En vista de tales reclamos el mandatario, temeroso, radicaliza aún más el ejercicio del poder.
A partir del 2013, año en el cual asume Maduro como primer mandatario se abre una de las etapas más represivas en la nación, para callar denuncias de malversación de fondos públicos y consecuente violación de los derechos humanos.
Con el tiempo los medios independientes, a pesar de la perversa censura o sutil autocrítica sugerida, denuncian la existencia de un cartel de drogas criollo. La nación suramericana siempre fue evaluada como territorio de tráfico de estupefacientes hacia mercados de consumidores.
Desde la suspensión en 1999 del acuerdo con la Dirección de Drogas de Estados Unidos (DEA) por Hugo Chávez, por el afán en relacionarse con grupos irregulares en Colombia, esta región pasa a ser área de paso y depósito ilegal de estupefacientes.
Con estupor la sociedad venezolana se entera de la existencia de tal organización la cual fue identificada como “El Cartel de los Soles”, aludiendo ser sus cabecillas oficiales generales. Los gobernantes Chávez y Maduro guardan silencio ante tales revelaciones de los medios evitando manifestarse a favor de una investigación. En el futuro tal mutismo será su condena.
Es tal la magnitud del comercio ilícito que los casos de los narcosobrinos y el juicio a “El Chapo” Guzmán son claros indicativos que la droga había penetrado las altas esferas del gobierno venezolano.
Los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, fueron detenidos en Haití en el 2015; y luego fueron hallados culpables en el 2016 y sentenciados en el 2017 en Nueva York por intentar introducir 800 kilos de cocaína a Estados Unidos.
En el transcurso del juicio se evidencia el uso de espacios limitados del palacio de gobierno por parte de los sobrinos, sin control alguno o en desobediencia de instrucciones.
La fiscalía y la defensa se debaten hoy por hoy en la causa judicial “El Estado vs Joaquín Guzmán Loera”, alías “El Chapo”, durante la etapa de instrucción de pruebas y testigos en un tribunal de Manhattan, estado de Nueva York.
La periodista Maibort Petite en su blog maibortpetit.blogspot.com nos reseña la cobertura cotidiana que realiza en relación a las presentaciones en tribunal del caso “El Chapo” Guzmán. Vital importancia cobran los testimonios dados por el ex secretario de Guzmán, Alex Cifuentes, los cuales traemos a ustedes a colación en cuanto al vínculo de Guzmán y Chávez, alias “El Loco”.
Petite describe la audiencia reciente de Cifuentes. “La declaración del testigo dejó ver que desde Venezuela enviaban cocaína a México desde al año 2008.”
En la sala, el jurado pudo escuchar una grabación en la que Guzmán le solicitaba a un socio identificado como Antonio, alias “Toño”, que le buscara una pista de aterrizaje clandestina en República Dominicana de modo de poder recibir en la isla la droga enviada desde Venezuela a México.
“Consiga esa rayita, un ranchito que tenga un lugar así para que llegue el mueble [avión] del Loco”, se escuchó decir a Guzmán.
El fiscal preguntó quién era “El Loco” y la respuesta se dejó oír en el tribunal: Hugo Chávez, el presidente de Venezuela.
Cerca de 70 funcionarios venezolanos sancionados por el tesoro norteamericano durante la actual administración, encabezados por Nicolás Maduro, son de interés o indiciados en variados casos por la justicia federal, jueces que sin prisa ni pausa los verán en el estrado.
*Manuel Corao es el director de Venenoticias.
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