El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumple un año de mandato tras haber llegado al cargo el 1 de diciembre de 2018.
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Después de un acelerado inicio marcado por escándalos, aciertos, contradicciones, presiones externas, estancamiento económico, violencia y esperanza, el proyecto de la ‘Cuarta Transformación’ (4T), impulsado por López Obrador, ha generado una serie de cambios políticos luego de tres décadas de gobiernos neoliberales.
Una situación que, aunada a un complejo contexto internacional donde las tensiones con EE.UU. han sido recurrentes, López Obrador considera que lo logrado durante su primer año de gestión implica un avance importante para sentar las bases de un cambio profundo en México, con un giro a la izquierda.
Estos son algunos de los aspectos más relevantes de su primer año de mandato.
«Primero los pobres»
Uno de los avances que más presume el presidente López Obrador, son los programas de desarrollo social para los sectores de escasos recursos. El programa de pensión a los adultos mayores significa una inversión para el beneficio de ocho millones de personas mayores de 68 años de edad (65 en el caso de los indígenas).
Asimismo, 900.000 niñas y niños pobres de México con discapacidad están recibiendo una ayuda estatal.
Con el programa Sembrando Vida, se han cultivado 500.000 hectáreas de árboles maderables y frutales, creando 200.000 empleos permanentes.
Los programas sociales también incluyen el beneficio de Jóvenes Construyendo el Futuro, que permite que 900.000 personas laboren como aprendices y se inserten al mercado laboral. Algo similar a los apoyos para 11 millones de estudiantes de todos los niveles.
En este sentido, López Obrador mandó en noviembre una iniciativa al Congreso para reformar el artículo 4 de la Constitución, con el objetivo de que dicho reparto del dinero estatal sea considerado como parte de los derechos fundamentales de los mexicanos.
Sin embargo, el propio Gobierno mexicano ha reconocido que ha tenido problemas para hacer llegar estos recursos a toda la población, debido a diversos problemas operativos y organizativos al interior de la actual administración.
Combate a la corrupción
Otro de los avances más destacados en el primer año de gestión de López Obrador ha sido el combate a la corrupción, tema en el que ha destacado la judicialización de casos contra tres políticos de alto perfil, a cargo de la Fiscalía General de la República.
Estos casos son: Emilio Lozoya (exdirector de Pemex hoy prófugo, acusado de desfalco); Rosario Robles (exsecretaria federal que se encuentra en prisión preventiva por desvío de recursos) y Juan Collado (abogado un poderoso grupo político y preso por fraude).
Además de ellos, figuran las presiones políticas para que Carlos Romero Deschamps, identificado como uno de los poíticos más corruptos de México, dejara su cargo al frente del sindicato petrolero. Algo similar a lo que ocurrió con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, quien renunció a su puesto tras ser investigado en varios países por enriquecimiento ilícito.
Asimismo, dos instituciones enfocadas al combate a la corrupción han cobrado un papel relevante al inicio de la gestión de López Obrador. Estas son la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Al frente de Irma Eréndira Sandoval, la SFP ha sancionado a más de 1.400 servidores públicos y a casi 200 empresas, imponiendo multas por más de 1.400 millones de pesos hasta septiembre pasado.
Sin embargo, López Obrador también se ha enfrentado a prácticas de corrupción entre sus propios colaboradores. Actualmente, la SFP investiga al menos a 9 delegados del Gobierno federal en los estados, encargados, paradójicamente, de supervisar el reparto de programas sociales.
Por su parte, la labor del fiscal Santiago Nieto al frente de la UIF de Hacienda ha sido clave en las pesquisas por lavado de dinero y crimen organizado. Hasta noviembre, la oficina había presentado 180 denuncias penales, congelado cuentas de políticos de alto perfil y al menos 953 de las principales organizaciones de narcotraficantes, incluyendo el Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los buenos resultados de la UIF han provocado que el Congreso mexicano analice una reforma de ley para otorgarle más facultades para desmantelar redes de delincuencia organizada.
con información de actualidad.rt.com
