Al anunciar la puesta en marcha de un plan de búsqueda de unos 40 mil mexicanos desaparecidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un paso trascendental en el marco de su compromiso con la moralización de la vida pública y el contexto de una matazón que acumula sin tregua cientos de miles de ejecuciones y crímenes violentos en lo que va del siglo.
El plan pasa por la identificación de unos 26 mil cuerpos y restos recuperados de las más de 1,100 fosas clandestinas descubiertas durante la guerra contra el crimen organizado.
El plan considera la inversión de 400 millones de pesos (21 millones de dólares) en la creación de un Instituto Nacional de Identificación Forense, la conformación de brigadas de búsqueda, bancos de ADN así como laboratorios y equipo para exhumaciones.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob de Olga Sánchez Cordero, reconoció en una frase lapidaria lo que se ha dicho en la prensa pero los anteriores gobernantes mexicanos se esforzaron en minimizar. México, afirmó, «se ha convertido en una enorme fosa clandestina. Esta es una responsabilidad que tiene que asumir el Estado mexicano”.
La decisión de López Obrador contrasta con la actitud asumida por los presidentes predecesores.
Felipe Calderón (PAN) ignoró el dolor de las familias al clasificar como “víctimas colaterales” a inocentes asesinados por las fuerzas armadas.
Enrique Peña Nieto (PRI) se atrevió a recomendar “ya supérenlo”, apenas dos años después de la tragedia, a los parientes de los estudiantes de Ayotzinapa masacrados de consuno por agentes de gobierno y sicarios de un cártel de drogas, hace un lustro en Iguala.
Al respecto, Alejandro Encinas tildó de “una simulación” la creación por Peña Nieto en 2018, cuando le quedaban menos de dos meses en el cargo, de una Comisión Nacional de Búsqueda de desaparecidos. Encinas informó hoy a la prensa que dicha comisión ejerció solamente 6 de los 486 millones a su disposición.
Al presentar el plan este lunes, Encinas aclaró además que el respaldo financiero a la búsqueda de desaparecidos y la identificación de inhumados clandestinamente, podrá incrementarse con recursos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Publica que consta de 7,500 millones de pesos (unos 392 millones de dólares).
REACCIONES
Al dar la noticia del plan, el diario español El País recogió opiniones de varios dirigentes de organizaciones no gubernamentales de México.
«Si hemos esperado tanto tiempo, podemos esperar un poco más», dijo Jorge Galván, líder de Eureka, una ong que viene denunciando desapariciones ocurridas en México desde los años sesenta. Eureka ha acumulado 400 casos documentados de víctimas del ejército mexicano.
«Ojalá no sea una simulación más porque de simulaciones estamos hartas», reaccionó Lucy Díaz Henao, directora de la ong veracruzana Solecito que a fuerza de voluntad ha desenterrado casi 300 inhumados clandestinamente La activista dijo al diario español que hasta ahora el mayor obstáculo que han hallado en su cruzada, son precisamente las autoridades de México. «Nosotras hemos sufrido de un bloqueo y de un repudio terrible, nos maltratan (los policías), tampoco tenemos maquinaria para trabajar, ha sido una lucha campal.»
Por último, Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas, una ong especializada en litigios de desaparición y violaciones graves a derechos humanos, opinó que el plan es “positivo porque está articulado con la ley de desaparición forzada de 2017”.
Destacó que incluya la figura de «beneficios por colaboración eficaz», misma que ofrecerá “incentivos a las personas que proporcionen información”. Al respecto, Gutiérrez dijo que el funcionamiento del plan dependerá de la próxima elección del fiscal general y la colaboración de las fiscalías y comisiones de búsqueda en los estados.
