El pleno del congreso de Tlaxcala aprobó un dictamen que crea la Procuraduría de Protección Ambiental como un ente desconcentrado de la nueva secretaría estatal de Medio Ambiente, al fin de atender una de las estrategias principales del gobierno de Lorena Cuéllar.
Ambas instituciones, la secretaria que suple y absorbe a la coordinación de Ecología, y la procuraduría ambiental, entrarán en funciones hasta el año 2022, cuando la primera cuente con un presupuesto propio para su operación.
“A la procuraduría ambiental corresponderá vigilar el cumplimiento de la normatividad, y entre sus facultades se hallan la prevención, a través de la inspección y vigilancia en zonas y actividades donde puede haber riesgo de daño ambiental; la orientación, consistente en la recepción, investigación, atención y canalización ante autoridad competente, de las quejas y denuncias relativas a posibles actos u omisiones que afecten al medio ambiente; y sancionar a infractores, vía sanciones administrativas o la interposición de denuncias ante el ministerio público”, establece la iniciativa.
La Procuraduría de Protección al Ambiente entrará en funciones el primer día hábil del año 2022; y antes de esa fecha, la gobernadora de Tlaxcala deberá nombra al titular.
Además de un titular o procurador, la Procuraduría contará con una nada despreciable burocracia conformada por una Secretaría Técnica y cuatro direcciones, a saber: Jurídica, de Inspección y Vigilancia, de Planeación y Coordinación Estratégica, y de Auditoría Ambiental.
Los órganos desconcentrados como la Procuraduría Ambiental, no cuentan con independencia presupuestaria, ni patrimonio ni personalidad jurídica; sino que dependerá en el caso de la SMA que encabeza Luis Ramírez Hernández.
Para su financiación, la procuraduría espera contar con una fuente de ingresos en las multas a infractores de la normatividad ambiental vigente. La iniciativa propuesta por la diputada Marcela González Castillo (MORENA) cita una estimación de la secretaría de Finanzas, según la cual la procuraduría podría captar entre 20 y 30 millones de pesos de ingresos propios, por concepto de sanciones a infractores.
Con la aprobación del decreto avalado en comisiones unidas, Tlaxcala se suma a otros diecinueve estados de la república que ya han implementado una, a saber: Aguascalientes, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Sonora, Veracruz, Campeche, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Zacatecas, Estado de México y Ciudad de México.
OTROS ASUNTOS
En otro punto del orden del día, la diputada Blanca Águila dio lectura a su propuesta de ley estatal de Salud Mental y Conducta Adictiva. La iniciativa propone implementar en el sector gubernamental de Salud ya existente, una estrategia que atienda los fenómenos de ansiedad y angustia que se han agudizado durante la pandemia de Covid-19.
Asimismo, la presidenta de la mesa, Alejandra Ortiz (PAC), presentó una iniciativa orientada a respaldar las tareas de prevención del cáncer de mama a través de un Programa de Vigilancia Epidemiológica y Resultados Finales (PVERF).
CORRESPONDENCIA
OFS José Domingo Meneses, dirigente de la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil, solicitó citar a comparecencia a Ma. Isabel Delfina Maldonado Textle, titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), al fin de que explique al pleno sobre “la dilación para presentar y sustanciar los procedimientos sancionatorios a servidores públicos”, en base a la Ley de Fiscalización.
QUEJA La ciudadana Guadalupe Gurrola Mendoza interpuso ante el congreso una queja “por abuso de funciones y de autoridad” contra la jueza del Registro Civil de San Pablo del Monte, Rita González Calvario.
LICITACIÓN Vianney Guadalupe Bautista, representante legal de la empresa Adraude Construcciones, dirigió un escrito a la gobernadora Lorena Cuéllar por el cual manifiesta su inconformidad con el proceso de licitación pública PJET /LP /015 2021.
INDÍGENAS Exhorto de la titular de la CNDH, María del Rosario Piedra, para hacer valer el derecho de las personas que hablen una lengua indígena a “ser asistidas por intérpretes, traductores y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”.
