Cabezas gachas, una profunda aflicción entre los trabajadores concentrados a las puertas de Iveco, la fábrica de camiones ubicada en Avenida de Aragón, en el extrarradio de Madrid colindante a San Fernando de Henares. Como en la obra de Lope de Vega, Fuenteovejuna, todos se responsabilizaron a una del delito.
Todos asumieron su pena por el suicidio de Verónica Rubio de 32 años, y su culpa por haber compartido un vídeo íntimo que fue grabado cuando la suicida tenía 27 y estaba soltera. Entonces, Verónica estaba ennoviada con un joven que sigue trabajando en la fábrica como también la hermana de su actual marido, con quien contrajo matrimonio al dejar la anterior relación y del cual tuvo dos hijos, muy pequeños ambos, de 9 meses y 4 años.
El pasado 25 de mayo la joven madre se ahorcó por vergüenza en su casa de Alcalá de Henares. El marido la encontró colgada de una sábana, le prestó los primeros auxilios y llamó al número de emergencia 112. En el marco de una protesta de diez minutos, los sindicatos dijeron al diario ABC que decenas de empleados de la fábrica expresaron su repulsa y gran pesar por la muerte de Verónica.
El diario Metro recoge declaraciones de un obrero. «Se puso muy nerviosa y tuvo que abandonar la fábrica porque no podía soportar la presión, no solo aquí sino también en su familia. Ella solo quería que la historia siguiera adelante, para que la gente dejara de hablar lo antes posible. No pensó en reportarlo.”
Según Metro, “la señora Rubio se había disculpado con su marido antes de quitarse la vida”.
CONTENIDO HUMILLANTE
El vídeo fue «humillante» para Verónica, dijo al rotativo español una compañera de fábrica. La filmación de 2014 recaló en la fábrica el lunes 20 de mayo y en pocas horas se propagó como pólvora, afirma Iván Cacho, empleado de Iveco, según quien 80% de la plantilla tuvo acceso al vídeo. Iván no tiene duda de que fue compartido masivamente. «Es reponsabilidad de todos, de la empresa por no haber sabido atajar esta situación y de todo el que vio el vídeo, también la mía personal, porque no supe tratar un caso de tanta envergadura», comenta.
Otros empleados de Iveco, no obstante, aseguran que no pensaron hacer escarnio con el archivo WhatsApp y algunos hasta lo tomaron como una broma. Pero Verónica, que «al principio lo digirió como algo viejo y no hizo mucho caso», pasó dos días fatídicos el jueves y viernes de la semana pasada, cuando fue señalada en su sección de Ejes y Puentes por obreros que dijeron «Es esta la compañera».
La cuñada también habría accedido al vídeo de Verónica y lo mostró el jueves a su marido. Entonces Verónica consultó con el departamento de Recursos Humanos sobre cómo actuar, pero al día siguiente abandonó la fábrica completamente «destrozada», según lo declarado por otra obrera de nombre Susana.
Las versiones se ramifican en este punto. Hay quien asegura que el departamento ofreció cambiarla de sección en la fábrica y abrir una investigación interna; mientras el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) anunció que denunciará a Iveco por no aplicar el debido protocolo de acoso sexual y dar pie a un “accidente laboral”.
TRES LÍNEAS ABIERTAS
Las pesquisas están en manos de la comisaría de la Policía Nacional de Alcalá de Henares, que, en colaboración con agentes de la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Jefatura Superior de Madrid, mantiene abiertas tres líneas de investigación abiertas, sin que hasta el momento haya ningún detenido.
Tras tomar testimonio a los vecinos de la pareja en Alcalá, las autoridades investigan ahora si el marido habría podido incurrir en un delito en el ámbito doméstico por amenazarla con el divorcio al fin de quedarse con la custodia de los hijos. Otra indagación investiga si Verónica sufrió chantaje por parte de su exnovio y si fue éste quien difundió el vídeo. Si fue Verónica quien por error o voluntariamente lo compartió o fue otra persona, todavía está siendo esclarecido por los agentes de la Policía Nacional.
Fuentes próximas al caso subrayan a ABC que se investiga a la inversa, es decir, el rastreo será del último al primer destinatario del vídeo para depurar las responsabilidades penales pertinentes, de tres meses a un año de cárcel por relevación de secretos. Además, la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática pidió ayer un informe a la Policía Nacional para que le comunique las circunstancias del suicidio y determine si los hechos tienen o no relevancia penal.
Fuentes jurídicas dieron a la agencia Ep que si hallara delito, la Fiscalía lo investigaría, y si procediera lo llevará a un tribunal para que judicialice el caso e impute a los corresponsables de la muerte de la joven.
«NO HAY DERECHO»
«No hay derecho», soltó ayer por la mañana una de las pocas mujeres (el 23% de la plantilla) que hay en Iveco-Madrid justo antes de pasar el torno y fichar para comenzar su jornada de trabajo. La indignación ha cundido entre los pocos que no lo vieron o no lo compartieron y contra ellos no habrá castigo penal.
«Creo que la gente no es consciente de lo que pueden suponer sus actos a veces», soltó otro compañero. Pero la tónica común en la empresa, como confirmó Iván, fue recibirlo, descargarlo, observarlo, incluso, compartirlo.
La joven madrileña, que huyó de ser la comidilla vergonzante, no podía imaginar la expectación que despertaría su muerte. Su caso abre numerosas incógnitas sobre el (mal) uso social de la tecnología también en espacios laborales. «Es un tema que está a la orden del día, entramos en la vida privada de las personas y puede conllevar situaciones extremas como la muerte de Verónica», aceptó Iván.
CASO OLVIDO HORMIGOS
Era concejal socialista de Los Yébenes, un pequeño pueblo de Toledo, cuando el vídeo de Olvido Hormigos masturbándose llegó a los móviles de todo el mundo (incluida su pareja), lo cual provocó una reforma al Código Penal de 2015.
A raíz de su caso se introdujo la pena de tres meses a un año de prisión o multa de seis a doce meses. Solo en 2018 la Fiscalía General del Estado contabilizó 419 procedimientos incoados por delitos de descubrimiento y revelación de secretos a través de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).
El 5 de septiembre de 2012, Los Yébenes estaba invadida por periodistas. Se reunía Ayuntamiento, una de cuyas edilesas, la socialista Olvido Hormigos, iba a dimitir por causa de un vídeo íntimo. Según contó ella misma “en dos horas lo había visto todo el pueblo”. No dimitió. “Hay cosas mucho peores en política y al fin y al cabo, lo que yo he hecho no es ningún delito. ¿En qué he perjudicado yo a nadie? Soy una víctima”.
Aquello precipitó una reforma al Código Penal al proponer el Gobierno un artículo para castigar la “divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, incluso si se han obtenido con consentimiento de la víctima”. El nuevo artículo 197.7 entró en vigor el 1 de julio de 2015.
Con información de ABC.es y Metro.co.uk
