El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, tomó protesta a Eduardo Valiente Hernández como nuevo Comisario Estatal de Seguridad Pública, en sustitución de Herve José Hurtado Ruiz.
Valiente Hernández entra al relevo transcurridos veinte meses del actual Gobierno local. Fue jefe de la CES del Estado de México desde el sexenio de Eruviel Ávila y hasta el pasado mes de febrero, cuando el actual gobernador Alfredo del Mazo le reemplazó.
En su mensaje de toma de protesta, el gobernador Marco Mena destacó del currículum de Valiente una licenciatura en Derecho, una maestría en Administración y una especialidad en Administración de Proyectos en la Universidad de las Américas de Puebla, así como un diplomado en Mando Policial del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), entre otros estudios.
Entre los cargos que ha desempeñado en su carrera, iniciada en 1983, destacan su titularidad como Comisario General de la Policía Federal.
COMISIONADOS DE TLAXCALA
Herve Hurtado fue el último de tres jefes de Seguridad Pública de Tlaxcala del gobierno anterior de González Zarur.
Antes ser designado en diciembre de 2016 jefe del CES de Tlaxcala por Mariano González Zarur, Hurtado se había desempeñado como director de Combate al Crimen Organizado en la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) y funcionario para la región de Campeche del Instituto Nacional de Migración (INM).
Herve Hurtado entró en lugar de Oreste de Jesús Estrada Miranda, un nativo de Edomex avecindado en Tlaxcala que se desempeñaba como supervisor de la zona Sur-Sureste en la Policía Federal y antes había sido director de seguridad del municipio de Texmelucan, Puebla.
A su vez, Oreste Estrada sustituyó en 2015 al primer titular de la CES del pasado sexenio, Orlando May Zaragoza, mismo que se vio envuelto en diversos escándalos de abuso de poder y tortura, y particularmente en la implicación de su brazo derecho, el director de la policía acreditable José Jorge López Pérez, en un caso de secuestro presuntamente orquestado desde las oficinas del propio CES.
Luego de tres años en prisión, López Pérez y tres policías más fueron liberados el pasado febrero tras conocerse un dictamen del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, mismo que documentó que los acusados por la entonces procuradora Alicia Fragoso Sánchez fueron obligados a declararse culpables mediante torturas con choques eléctricos en los testículos, técnicas de asfixia, cortes en muñecas de manos y tobillos de pies, así como golpes en todo el cuerpo.
